Las Comisiones Unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad un dictamen clave para la seguridad: la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión. Esta reforma busca unificar a nivel nacional la forma en que se persigue y castiga este delito, estableciendo un tipo penal único y elevando las penas hasta un máximo de 42 años de prisión.
Trayectoria de la Ley: De la Fragmentación a la Homologación
La iniciativa de expedir una Ley General en materia de extorsión tiene como objetivo principal poner fin a la disparidad de las legislaciones estatales que, según han señalado los legisladores, ha permitido que este delito se expanda sin un castigo uniforme en todo el país.
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Origen de la reforma: La propuesta inicial provino de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de modificar el artículo 73 constitucional y facultar al Congreso de la Unión para crear una ley de aplicación nacional que homologue el tipo penal y sus sanciones.
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Proceso legislativo: El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado. En esta última instancia, las comisiones realizaron quince modificaciones sustanciales a la minuta original para endurecer las penas y asegurar su efectividad. Después de la aprobación en el Senado, la reforma debe ser avalada por al menos la mitad más uno de los congresos locales para que el Congreso pueda expedir la Ley General.
Sanciones Más Duras y Nuevas Agravantes
Uno de los puntos más relevantes del dictamen es el aumento de las penas de prisión para evitar liberaciones anticipadas. La propuesta establece un incremento de sanciones en función de las modalidades y las agravantes del delito:
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Pena Máxima: Las condenas podrían llegar hasta los cuarenta y dos años de prisión en los casos más graves.
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Agravantes consideradas: El aumento de penas aplicará, entre otros casos, cuando se utilicen a menores de edad en el delito, cuando el beneficio provenga del erario público, o cuando se cometa en contra de un servidor público debido a su cargo.
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Delitos vinculados: La reforma también sanciona con cuatro a doce años de prisión a quien coopere, facilite o auxilie en cualquier modalidad de extorsión.
Extorsión desde Prisiones y Funcionarios Cómplices
La Ley General pone un especial énfasis en combatir el delito que se origina o facilita desde los centros penitenciarios, así como la complicidad de los servidores públicos.
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Penas para Servidores Públicos:
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De diez a veinte años de prisión y multas para aquellos servidores públicos que, teniendo funciones de prevención o investigación, omitan denunciar casos de extorsión.
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De cuatro a dieciséis años a quienes divulguen ilícitamente información confidencial de carpetas de investigación.
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Si una autoridad penitenciaria facilita la extorsión dentro de los centros, será condenada de tres a cinco años de prisión, con un aumento de pena hasta la mitad si participa un servidor público, defensor o asesor jurídico.
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Prisiones: Se sancionará con seis a doce años a quien introduzca dispositivos electrónicos a centros penitenciarios sin autorización.
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Eliminación de Beneficios: El dictamen elimina la posibilidad de liberación anticipada y otros beneficios preliberatorios para las personas sentenciadas por extorsión, en un esfuerzo por mantener la coherencia con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Voces del Senado y la Urgencia Social
La aprobación unánime del dictamen refleja el consenso político para enfrentar lo que los propios legisladores han calificado como un “cáncer social”.
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Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que con esta reforma se da una “extraordinaria noticia al pueblo de México”, al establecer un tipo penal único y homologar las sanciones en todo el país. El objetivo, explicó, es elevar las penalidades para evitar que sentenciados por este delito puedan ser liberados de forma previa.
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Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad, señaló que la reforma responde a una demanda urgente de la sociedad mexicana para enfrentar con toda la fuerza del Estado el delito de extorsión, al ser una “práctica cruel, dañina y extendida que vulnera la tranquilidad”.
La implementación de la Ley General contempla la creación de Unidades Antiextorsión locales, la aplicación de un protocolo de atención a víctimas y la capacitación de operadores del 089 en el manejo de crisis y negociación.
