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Senador propone fuero a quien revele información sobre violaciones graves a DD.HH y corrupción

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(12 de septiembre, 2015).-  Zoé Robledo, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó la iniciativa de Ley Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción, a fin de brindar protección a los ciudadanos que de buena fe divulguen información reservada sobre actos de corrupción, violaciones graves a los derechos humanos o infracciones graves a la ley.

Robledo planteó la necesidad de proteger a los informantes, ya que de esta forma se incentivaría la divulgación de información de importancia en pos de castigar a servidores que violen la ley. “La actividad que realizan los informantes… resulta ser una herramienta eficaz en el combate a la corrupción que realizan las democracias liberales más consolidadas”, mencionó el senador.

La iniciativa de ley plantea implementar el fuero ciudadano ya que la indefensión de los informantes propicia la ilegalidad y el agravio del interés público, aseguró el perredista; de esta forma se garantizaría al informante su integridad asegurando que el mismo no será perseguido ni sancionado, en caso de revelar información clasificada.

Para Robledo, todo ciudadano que conozca información relevante para sancionar a funcionarios públicos que violen la ley, tiene la obligación de revelar lo que a su alcance tenga, sin que su integridad se ponga en riesgo al momento de revelar información delicada.

En la iniciativa se plantea que sea el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quien defina la existencia de responsabilidad por parte del informante; y la recepción de información podrían ser a través del mismo INAI, el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Función Pública, dependencias del Ejecutivo Federal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Tribunales de Trabajo y órganos jurisdiccionales.

Por el momento, la propuesta presenta por Robledo se encuentra en las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos, para su análisis.

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