Estado de México. Un tribunal de justicia dictó una sentencia de 70 años de cárcel contra María Elena “N”, quien se desempeñó como presidenta municipal de Amanalco, tras hallarla culpable del homicidio de dos personas. Las víctimas fueron el síndico del mismo ayuntamiento, Miguel Ángel Lara de la Cruz, y su chofer, Guillermo “N”, cuyos cuerpos fueron localizados en enero de 2023.
La investigación de la fiscalía general de justicia del Estado de México logró demostrar que la exalcaldesa planeó el ataque debido a diferencias políticas y administrativas que mantenía con el síndico, quien era una figura clave en la gestión del municipio.
Trayectoria del caso y el vínculo criminal
El caso comenzó el 4 de enero de 2023, cuando se reportó el hallazgo de los cuerpos de ambos funcionarios dentro de un vehículo en un barranco de la carretera Luvianos-Temascaltepec. Inicialmente se consideró la posibilidad de un accidente, pero las pruebas periciales y las investigaciones de campo revelaron que las víctimas presentaban impactos de bala y que el crimen había sido planeado.
A lo largo del proceso judicial, se estableció que la entonces alcaldesa mantuvo contacto con integrantes de una célula delictiva conocida como la Familia Michoacana. Según las indagatorias, la exfuncionaria solicitó y pactó con este grupo criminal para que llevaran a cabo la ejecución del síndico. La detención de María Elena “N” ocurrió meses después del crimen, tras el análisis de comunicaciones y testimonios que la señalaron directamente como la autora intelectual del doble asesinato.
Comentarios relevantes de las autoridades
La fiscalía mexiquense destacó que esta sentencia es un mensaje claro contra la impunidad y la infiltración del crimen organizado en las instituciones de gobierno local. Durante las audiencias, se enfatizó que el uso de estructuras criminales para resolver disputas políticas representa una de las agresiones más graves contra el estado de derecho y la seguridad de los servidores públicos.
Además de la pena de prisión, el juez impuso multas económicas para la reparación del daño en favor de los familiares de las víctimas. Con esta resolución, se cierra uno de los casos más polémicos de violencia política en el Estado de México durante los últimos años, subrayando la responsabilidad penal de quienes ocupan cargos públicos y colaboran con grupos delictivos.
