El día de ayer, la Secretaría de la Función Pública informó que emitirá un acuerdo para extender el plazo para la presentación de la declaración patrimonial y de intereses, con la finalidad de que los servidores públicos de nivel de jefe de departamento, enlace, operativo y de base sindicalizados, quienes en su gran mayoría cumplirán con esta obligación por primera vez, lo puedan hacer durante todo 2020.
No obstante, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval advirtió:
“Para los altos mandos del gobierno federal, desde los subdirectores de área hasta el Presidente de la República, se mantiene la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación a más tardar el 31 de julio de 2020, lo cual no sólo es un compromiso legal, sino también ético para refrendar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno de México”.
Así, entre os trabajadores que tendrán como plazo hasta el 31 de diciembre para presentar su declaración patrimonial se encuentran policías, marinos y soldados de tropa, médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza y mantenimiento, profesores y maestros rurales, entre otros.
Con la extensión del plazo se busca “facilitar el cumplimiento de la obligación a los más de un millón y medio de personas servidoras públicas que desarrollan labores indispensables en la Administración Pública Federal (APF), pero no forman parte de los principales niveles con riesgos de corrupción”.
La actual obligación a realizar declaraciones patrimoniales por parte del personal de nivel operativo y de base fue resultado de un exceso de parte de los diseñadores del Sistema Nacional Anticorrupción durante el sexenio anterior, y es una medida que aporta poco al combate de delitos como el enriquecimiento ilícito, y, al contrario, distrae recursos humanos y materiales.
Sandoval recordó que se ha desplegado un amplio esfuerzo de acompañamiento y asesoría a los nuevos sujetos obligados. Y con esta nueva ampliación de plazos facilitará aún más la tarea de sumar más de un millón de nuevos declarantes a la plataforma de DeclaraNet.
Sin embargo, reconoció que la única manera de resolver el problema de fondo sería por medio de una reforma constitucional y legal para rectificar los excesos cometidos en el diseño original del Sistema Nacional Anticorrupción, y extiende una invitación tanto al Congreso de la Unión como a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos para encontrar una solución integral a la problemática.
En próximos días, la Función Pública emitirá en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo respectivo que formalice la aplicación del nuevo plazo para los servidores públicos de los niveles inferiores de la APF.
