En los próximos días la Secretaría de la Función Pública (SFP) citará al exdirector general Alejandro Ramos Esquivel, esto luego de que el pasado 23 de julio tras la comparecencia del exlíder sindical Conrado García Velasco, éste se comprometió a aportar más evidencias de las supuestas implicaciones de su antiguo jefe en contratos irregulares.
Por lo cual la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha armado un expediente con los presuntos actos de corrupción cometidos en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) en la pasada administración.
Cabe recordar que desde hace un año la actual directora general Sanjuana Martínez presentó denuncias en contra de su antecesor, por lo que la auditoría de la SFP ha documentado decenas de contrataciones con anomalías que van desde incumplimiento de tiempos y plazos plurianuales sin sustento legal, hasta sobreprecios.
De acuerdo con Contralínea, uno de los contratos que más habrían llamado la atención en la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval “son los que se otorgaron a la empresa Gibac Suministros Informáticos y Comunicaciones, para el arrendamiento transexenal de servidores que resultaron inservibles”.
“De acuerdo con fuentes consultadas, los contratos generaron sobrecostos millonarios y en uno de los casos se le adjudicó directamente un pedido cuando la empresa debía asumir los costos del servicio, según las propias cláusulas de la contratación. Aunado a ello, a la fecha existe un conflicto entre Gibac y Notimex por un supuesto incumplimiento de contrato, pues los servidores, de tan viejos, no funcionan.
La denuncia de este caso incluye tres contrataciones a favor de Gibac: LP-NANEM-56-14, LP-NANEM-54-15, y Pedido/11. El primero de ellos se asignó el 20 de marzo de 2014 –por medio de licitación pública nacional– para el servicio administrado de equipo informático. El monto se fijó en 17 millones 282 mil 432 pesos y la vigencia, del 12 de marzo de 2014 al 11 de abril de 2017. Pese a ello, no contó con el requisito de la autorización plurianual”, publicó Contralínea.
Asimismo la publicación indica que el segundo contrato, asignado también por licitación pública nacional, el 13 de noviembre de 2015 y con una vigencia al 28 de diciembre de 2018. Corresponde al servicio de arrendamiento para la ampliación de infraestructura de almacenamiento de información, por 15 millones 905 mil 712 pesos. En este caso, la investigación se centra en un sobreprecio.
Mientras que el tercero, el cual es identificado como “Pedido/11” tuvo una adjudicación directa con fecha del 1 de marzo de 2016 para el servicio de reubicación, re-configuración y puesta a punto de la infraestructura y servicios de servidores y almacenamiento.
Para lo cual la empresa cobró 2 millones 548 mil 674, presuntamente de forma injustificada debido a que el traslado fue costeado por ella misma. “La vigencia fue de dos días: del 2 al 4 de marzo de 2016, pero el servicio se pagó un mes antes”.
Contralínea señala que de acuerdo con el contrato LP-NANEM-54-15, que está vinculado directamente en la denuncia a Ramos Esquivel, se precisa que se excedieron los montos autorizados por la Unidad de Gobierno Digital y por el propio Ramos, cuya firma figura en documentos oficiales en manos de los auditores federales.
De acuerdo con fuentes consultadas, el 24 de febrero de 2015 –con el oficio UGD/DGAENGD/DPIGD/409/292/2015– se autorizó el arrendamiento para ampliación de infraestructura de almacenamiento de información, al dictaminar como favorable el servicio requerido por 36 meses con una erogación presupuestaria de 8 millones 392 mil 334 pesos.
Para el 26 de marzo de ese mismo año se emitió el oficio DAF/278/2015, en el cual la Dirección de Administración solicitó autorización al director general para proceder con la contratación plurianual del proyecto por 36 meses y un monto de 8 millones 392 mil 334 pesos. Es decir, bajo las mismas condiciones que la Unidad de Gobierno Digital –dependiente de la Secretaría de la Función Pública– dictaminó favorables.
Cabe precisar que de acuerdo con la normatividad aplicable a Notimex, “todos los proyectos TIC deben contar con autorización del Órgano Interno de Control; posteriormente, cada proyecto autorizado debe ser enviado para su revisión y autorización a la Unidad de Gobierno Digital, también de la SFP. Ambas instancias revisan la viabilidad de los proyectos TIC con base en sus características técnicas y económicas.
Sólo después de contar con esos requisitos, la Dirección de Administración de Notimex puede proceder a la contratación, que en este caso incluyó el visto bueno de la dirección general de Notimex, pero que excedió el monto que se aprobó de origen, por 8.3 millones de pesos.
Con información de Contralínea
