La Secretaría de la Función Pública SFP) inhabilitó por 10 años, al ex director de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer por presuntos conflictos de interés.
A través de un comunicado la SFP indicó que García Alcocer autorizó permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.
“La sanción al expresidente de la CRE es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo”.
“Al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía”, detalló la dependencia.
Asimismo precisó que “al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos”.
La SPF indicó que dicha ley aplica para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía.
Enfatizó que se “respetó a lo largo de todo el procedimiento el derecho a una defensa adecuada por parte del ex servidor público sancionado, quien siempre tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas”.
Cabe recordar que en el mes de febrero de 2019, se hizo público que el hermano de la cónyuge de García Alcocer, Mario Barreiro, laboraba en la empresa Vestas, dedicada a la venta de tecnología para energía eólica.
Además el primo de la cónyuge es director general de Fermaca, misma que obtuvo un permiso para operar antes de que el señalado fuera comisionado; no obstante la SFP encontró otro que sí se otorgó ya cuando éste estaba en el cargo, en 2017.
“Para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos”, subrayó la dependencia
