La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su rechazo a que familiares directos hereden cargos de elección popular, al referirse a la posible candidatura de Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a la gubernatura del estado.
Durante su conferencia del viernes 13 de marzo, la mandataria subrayó que permitir este tipo de sucesiones abre la puerta a que el poder político permanezca dentro de una misma familia durante largos periodos, algo que, sostuvo, debe evitarse para preservar la equidad democrática.
“No se puede, porque luego se queda en la misma familia y puede haber la presunción de que se use dinero público”, advirtió.
Iniciativa para frenar el nepotismo electoral
Sheinbaum recordó que desde inicios de 2025 envió al Congreso una iniciativa para impedir que familiares directos de funcionarios electos puedan sucederlos inmediatamente en el cargo.
La propuesta establece que hijos, cónyuges o hermanos de un funcionario que concluye su mandato no puedan competir de forma inmediata por el mismo puesto, ya sea en alcaldías, gubernaturas u otros cargos de elección popular.
Como ejemplo, la presidenta explicó que si un presidente municipal termina su periodo, un familiar directo no podría contender inmediatamente por el mismo cargo, sino que debería esperar al menos tres años antes de buscar la candidatura.
El objetivo, señaló, es evitar que el poder político se concentre en grupos familiares y garantizar condiciones de competencia más equilibradas en los procesos electorales.
Reforma electoral más amplia
La iniciativa forma parte de una reforma electoral de mayor alcance enviada por el Ejecutivo al Poder Legislativo, la cual plantea modificar 11 artículos de la Constitución para introducir cambios en la estructura del sistema electoral.
Entre las medidas incluidas se encuentra la eliminación de la reelección para cargos como presidencias municipales y diputaciones locales y federales, una decisión que, según explicó Sheinbaum, busca recuperar principios históricos del sistema político mexicano.
Sin embargo, la mandataria explicó que el Congreso decidió que estos cambios entren en vigor hasta 2030, y no en 2027, como originalmente planteaba la propuesta del Ejecutivo.
Recorte a partidos y cambios en el Congreso
El proyecto también contempla un recorte de 25% al financiamiento ordinario de los partidos políticos, además de nuevas reglas para fortalecer la fiscalización del dinero utilizado en campañas.
Asimismo, propone ajustes en la estructura del Congreso de la Unión. Entre ellos destaca reducir el Senado a 96 escaños eliminando la lista de legisladores plurinominales.
En el caso de la Cámara de Diputados, se mantendría el número de 500 legisladores, pero los 200 de representación proporcional serían elegidos mediante voto directo de los ciudadanos.
Mayor control al dinero en la política
La reforma también plantea reforzar los mecanismos de vigilancia sobre los recursos que circulan en la actividad política.
De acuerdo con la propuesta, instituciones financieras y entidades que realizan actividades vulnerables deberán reportar diariamente operaciones relacionadas con partidos, precandidatos o candidatos, con el objetivo de evitar financiamiento ilícito en los procesos electorales.
Durante la conferencia, la presidenta mencionó además que la opinión pública respalda mayoritariamente este tipo de restricciones, al señalar que alrededor del 80% de la población está de acuerdo con impedir que familiares directos ocupen cargos que deja un funcionario electo.
