El Gobierno federal enviará al Congreso una nueva reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la que busca cerrar el paso a posibles vínculos entre candidatos y la delincuencia organizada mediante un mecanismo de revisión preventiva coordinado entre autoridades electorales, financieras, de inteligencia y procuración de justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este jueves que la propuesta contempla fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) con la creación de una comisión especializada encargada de analizar perfiles de aspirantes y detectar posibles riesgos relacionados con grupos criminales antes de que sean registrados oficialmente por los partidos políticos.
“Hay un tema de evitar que haya algún candidato de cualquier partido que tuviera un riesgo de vínculo de delincuencia organizada”, declaró durante su conferencia matutina al anunciar el envío de la iniciativa al Congreso de la Unión.
INE tendría nueva comisión para revisar perfiles de aspirantes
La propuesta plantea crear la llamada Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería directamente del INE y estaría integrado por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General para un periodo de tres años.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que esta instancia funcionaría como un canal de intercambio de información entre partidos políticos y autoridades de seguridad e inteligencia.
Según detalló, los partidos que participen voluntariamente podrían solicitar revisiones sobre aspirantes a candidaturas para conocer si existe algún “riesgo razonable” de nexos con la delincuencia organizada.
UIF, FGR, CNI y CNBV participarían en revisiones
La iniciativa contempla que la Comisión pueda consultar información con instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Con esos cruces de información, el INE notificaría a los partidos políticos si detecta señales de riesgo relacionadas con algún aspirante.
“La Comisión informará a los partidos políticos si detecta riesgos razonables y, con base en esa información, cada fuerza política será responsable de decidir si registra o no determinada candidatura”, explicó Alcalde Luján.
Reforma busca aplicarse rumbo al proceso electoral de 2027
Sheinbaum señaló que la propuesta ya había sido trabajada desde tiempo atrás y formaba parte de iniciativas contempladas previamente dentro del llamado “Plan A” de reforma electoral.
No obstante, explicó que la decisión de enviarla ahora responde a la próxima convocatoria del Congreso para un periodo extraordinario, lo que permitiría acelerar su discusión y dejar listo el nuevo mecanismo antes del proceso electoral de 2027.
La mandataria sostuvo además que durante su administración se han detectado “algunos casos” de presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos delictivos, situación que impulsó la necesidad de reforzar filtros preventivos en materia electoral.
Partidos decidirán si mantienen o retiran candidaturas
Aunque la Comisión emitiría observaciones y alertas sobre posibles riesgos, la decisión final sobre registrar o no una candidatura recaería en cada partido político.
Asimismo, Luisa María Alcalde aclaró que si durante las revisiones surgiera información relevante o indicios de posibles delitos, las instituciones correspondientes continuarían con las investigaciones legales que procedan.
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