La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin orden judicial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la constitucionalidad de esta medida.
Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que esta herramienta no se utiliza con fines políticos, sino como parte de una estrategia para combatir el lavado de dinero y delitos financieros.
“La UIF nunca, en la historia, le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero”.
Una facultad confirmada por la Corte
Sheinbaum explicó que el fallo de la SCJN no introduce una nueva práctica, sino que ratifica un criterio jurídico ya existente, al considerar que el congelamiento de cuentas es una medida preventiva, no una sanción.
Este mecanismo permite actuar de forma inmediata cuando existen indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, evitando que el dinero siga circulando mientras se desarrollan las investigaciones.
El máximo tribunal determinó que esta facultad es fundamental para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, al permitir una intervención oportuna en el sistema financiero.
Golpe a las finanzas ilícitas: 5 mil millones congelados
La presidenta destacó que, como parte de esta estrategia, durante su administración se han inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos presuntamente vinculados a actividades ilegales.
El objetivo, explicó, es debilitar las estructuras financieras del crimen, atacando directamente los recursos que sostienen sus operaciones.
El congelamiento de cuentas funciona como una acción inmediata para frenar la dispersión de dinero ilícito, mientras las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.
Sin uso político, con sustento técnico
Sheinbaum rechazó que estas acciones tengan motivaciones políticas y reiteró que se trata de procedimientos sustentados en inteligencia financiera.
Aseguró que la UIF actúa con base en investigaciones técnicas y que no existe intervención arbitraria contra personas o empresas sin vínculos con delitos financieros.
Derechos y defensa legal garantizados
La mandataria también recordó que quienes resulten afectados por el congelamiento de cuentas tienen acceso a mecanismos legales, como el amparo, para impugnar la medida.
De acuerdo con lo explicado, estos procesos pueden resolverse en un plazo aproximado de seis meses, lo que permite mantener un equilibrio entre la investigación de delitos y la certeza jurídica.
Con este respaldo de la Corte, la UIF mantiene una de las herramientas más relevantes para intervenir de forma inmediata en casos de posible lavado de dinero, dentro de un marco legal ya definido.
