El nuevo impuesto a las bebidas azucaradas encendió las alarmas en una de las cooperativas más queridas del país: Pascual, creadora de los jugos y refrescos Boing, cuyos trabajadores advirtieron que el gravamen podría poner en riesgo su viabilidad.
Este viernes, durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria anunció que buscará un diálogo directo con la empresa y que tanto la Secretaría de Salud (SSA) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entrarán en contacto con la cooperativa para encontrar soluciones.
“Queremos mucho a la cooperativa Pascual”
Cuestionada sobre el impacto del nuevo impuesto, Sheinbaum respondió con cercanía y reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores de la marca.
“Lo importante es que no tenga tanto contenido de azúcar las bebidas, que hace mucho daño […] y además queremos mucho a la cooperativa, es una historia de lucha extraordinaria y de salir adelante, por supuesto que vamos a hablar con ellos”, afirmó.
La presidenta subrayó que el objetivo de la medida fiscal no es afectar a las empresas nacionales, sino reducir el consumo de azúcares y promover hábitos saludables, en línea con la política de salud pública de su administración.
Una historia de lucha y sabor mexicano
La Cooperativa de Trabajadores de Pascual, que opera desde hace más de 40 años bajo principios de responsabilidad social, alertó que el nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) podría representar una carga de más de tres pesos por litro, lo que reduciría sus ventas y pondría en desventaja a la empresa frente a las grandes transnacionales.
“Nosotros el año pasado entregamos al fisco mil 500 millones de pesos por ese gravamen y el ISR”, explicó José Luis Sánchez, asesor legal de la cooperativa.
Pascual argumenta que su producción utiliza azúcar de caña y pulpa de fruta fresca, con menor contenido de dulce, mientras que las grandes refresqueras usan alta fructuosa, 40% más barata, además de mantener amparos que las exentan del IVA, un impuesto que Pascual sí paga.
En una carta dirigida al Senado, la cooperativa propuso mantener el IEPS en su monto actual de 1.64 pesos por litro, aplicable solo a bebidas endulzadas con azúcar 100% de caña y elaboradas con frutas o verduras naturales.
El documento advierte que un aumento podría poner en riesgo la continuidad de empresas mexicanas que apuestan por la economía solidaria y la producción responsable.
Diálogo, no ruptura
Sheinbaum insistió en que el espíritu de la política fiscal no es punitivo, sino orientado a la salud pública. La mandataria pidió a las secretarías involucradas entablar comunicación directa con Pascual para buscar alternativas que protejan la salud sin dañar a las empresas nacionales.
“Por supuesto que vamos a hablar con ellos”, reiteró.
Y aunque defendió la política de prevención y el combate al consumo excesivo de azúcar, dejó claro que el gobierno valora a las cooperativas mexicanas como parte del desarrollo económico y social del país.
El gesto presidencial envía una señal de equilibrio entre la salud pública y la economía social, con la promesa de no dejar solos a los productores nacionales.
Mientras tanto, las secretarías de Salud y Hacienda se preparan para dialogar con Pascual, en lo que podría convertirse en el primer caso emblemático de negociación directa con una empresa afectada por la nueva política fiscal de bebidas azucaradas.
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