A un año de que el Estado mexicano recuperó la rectoría sobre el sector energético, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Energía, Luz Elena González, respondieron a cuestionamientos sobre la situación actual de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), subrayando que se respetan los contratos vigentes con privados en el mercado eléctrico y que la petrolera mantiene su esquema de control interno bajo supervisión de la Secretaría de Anticorrupción.
En el caso de la CFE, González explicó que los mecanismos de participación de empresas privadas siguen contemplados en la normatividad actual y que todos los contratos legales continúan vigentes. Señaló que los privados pueden vender energía en el mercado eléctrico nacional, así como establecer convenios de suministro con la Comisión, bajo reglas específicas que ya han sido comunicadas al sector.

Por su parte, Claudia Sheinbaum puntualizó que la ley establece que el Estado debe generar al menos 54% de la electricidad, mientras que los privados solo podrán aportar hasta 46%. Añadió que los contratos previos se respetan hasta su vencimiento, sin retroactividad, y que los certificados de energías renovables ya no exentan automáticamente el pago por transmisión, sino que su otorgamiento dependerá de la Comisión Nacional de Energía conforme a nuevas reglas.
La presidenta también hizo referencia a los esquemas de autoabasto, recordando que todas las sociedades que operan bajo este modelo deberán ajustarse a la normatividad vigente para continuar en funciones.

En cuanto a Pemex, Sheinbaum fue consultada sobre la posibilidad de regresar al esquema anterior de auditoría y control interno. En respuesta, aclaró que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene la facultad de nombrar al responsable de esta área, garantizando con ello mayor vigilancia sobre las operaciones de la empresa productiva del Estado.
De esta manera, el gobierno federal reafirmó que tanto la CFE como Pemex se rigen por nuevas reglas que fortalecen la rectoría estatal, sin desconocer los contratos previamente establecidos y asegurando mecanismos de control y supervisión para ambas empresas estratégicas.
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