(1 de septiembre, 2014).- La inseguridad y el acoso que viven los campesinos en la sierra de Guerrero, resulta ya insostenible por la presencia del crimen organizado que a base de amenazas ha provocado que más de 60 comunidades, algunas en Costa Grande y Tierra Caliente, abandonen sus tierras incluso a pocos días de cosechar.
Testimonios de los pobladores, detallan que los integrantes de los cárteles les dan una hora para abandonar sus residencias o de lo contrario se llevarán a sus hijos, razón por la que ya temen hasta mandarlos a comprar tortillas, o cuando las mujeres salen a comprar alimentos.
Debido al gran temor con el que viven, los campesinos decidieron acudir con las 12 agrupaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP), cuyo coordinador es Luis Gómez Garay, para pedir ayudar y lograra concretar una entrevista con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Y es que en medio de la pobreza con la que viven, las ofertas del narco a los jóvenes, que incluyen más de 10 mil pesos para laborar con ellos, son casi irresistibles, sin importar que ello implique exponer a morir en cuatro o cinco años, o en su defecto llegar a prisión.
Los habitantes de la sierra, que acudieron a la Convención Nacional de Organizaciones Campesinas, en la Ciudad de México, prefieren que su identidad quede en el anonimato por miedo a ser asesinados, sin embargo, esto no los limita para denunciar que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero está consciente de la situación pero no actúa, mientras que la policía estatal únicamente hace uso de la fuerza contra ellos.
Ante la presencia de delegados pertenecientes a grupos de toda la república, los campesinos guerrerenses explicaron que ante el hartazgo de violencia e impunidad ya trabajan en la constitución de un frente estatal.
“Nos sentimos abandonados porque los policías nos agreden y a quienes se han organizado como policías comunitarios los persiguen o los encarcelan”, detallaron, y expusieron el caso de la coordinadora de la policía comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, la cual fue encarcelada hace un año en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit.
De igual forma recordaron el caso de Bruno Plácido, integrante de la Unión de Pueblos Organizados del estado de Guerrero (UPOEG), quien por temor a perder la vida a manos de los grupos delictivos, vive sin poder transitar libremente.
Por último, lamentaron que se les señale por querer defender su vida, aunque si no lo hacen los criminales terminan con ella y lo que verdaderamente necesitan es “trabajo, inversiones y seguridad”, para lo cual solicitaron el apoyo del coordinador del CAP y los líderes agrarios.
