Por: Natalia Antezana
@natalia3_0
En lo que lleva del año, 3 jóvenes homosexuales han sido asesinados en la capital del país. En uno de los casos, está involucrado el policía de investigación del D.F. Luis Guillermo Flores Capetillo.
En el pasado fin de semana del 12 al 13 de enero, a las afueras del Bar Living, 2 jóvenes fueron privados de su libertad al ser subidos por la fuerza a un coche desconocido, que estaba custodiado por la patrulla 3325, del agente Flores Capetillo. Al día siguiente aparecieron los cuerpos de estos jóvenes (de 17 y 22 años de edad) en la delegación Iztacalco.
Cabe resaltar que el policía Luís Guillermo Flores, ya tenía observaciones de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. en su contra, con respecto a la muerte de un detenido, quien se ahorcó dentro de las galeras del Ministerio Público Territorial Cuauhtémoc 3, mientras el agente se encontraba en turno.
De igual manera, en la madrugada del 27 de enero, Roberto Zamudio murió tras una riña a las afueras del Bar Viena. Se encontraba abrazando a su amigo y un vehículo pasó y les gritó “Pinches Putos”, lo cual resultó en una pelea entre los involucrados y posteriormente, en el asesinato de Roberto.
Asimismo, se han suscitado hechos de discriminación y criminalización, a hombres y mujeres por su orientación sexual, por parte de autoridades públicas.
Tal es el caso de Patricia y María, quienes fueron detenidas en el Centro Histórico sin razón alguna. La policía, al momento de la detención, las amenazó al no recibir el soborno que había solicitado, “ahora sí se las va a llevar la chingada par de lesbianas”, les dijo mientras las subía a una patrulla.
Después de estar horas encerradas, les tomaron su declaración en el MP. El agente encargado de hacerlo, al ellas mencionar que estaban casadas, preguntó “Cómo se llama eso de convivencia o cómo. Sociedades o cómo”. De igual manera, cuando tenía que escribir la palabra lesbiana, puso “desviada” y “desviana”, hasta que las declarantes tuvieron que hacerlo ellas mismas a mano.
Otro hecho que llama la atención es el caso de la Procuraduría de General de Justicia del Estado de Guerrero, en el que Cristobal Galarza fue discriminado por su orientación sexual. Tras varios sucesos, Cristobal presentó una queja ante Derechos Humanos contra su agresor, lo cual resultó en una amenaza de despido por parte de la procuradora Martha Garzón, si no retiraba la queja.
Por otro lado, la SRE le negó el pasaporte a la hija, a una pareja de mujeres, por el hecho de estar casadas.
Ante los hechos suscitados en la capital del país, el representante de la Asociación Civil Agenda LGBT se reunió con autoridades de la Procuraduría de Justicia del D.F., en la cual constataron que el Protocolo para la Atención de los Crímenes de Odio por Homofobia no se está cumpliendo por parte de la procuraduría.
