(24 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo a un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, en México aproximadamente 2.2 millones de personas se dedican a prestar sus servicios como trabajadores domésticos; sin embargo, el 96% del total, lo hace sin tener contratos laborales por escrito, ni acceso a prestaciones sociales a las que por ley, tienen derecho.
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 95% de la población que realiza este tipo de labores -2.1 millones- es femenina; es decir, el sector está básicamente constituido por mujeres, pero se tiene registro de una participación masculina, de 100 mil trabajadores domésticos hombres.
El no contar con acuerdos por escrito, signados por ambas partes -trabajador y empleador- genera incertidumbre entre los prestadores de este tipo de servicio, pues en muchos casos, ni siquiera están delimitadas sus funciones. En situaciones extremas, esta falta de claridad ha generado incluso casos de explotación laboral.
Cifras del INEGI señalan que el 50% de las personas que laboran en este sector cubren jornadas laborales de 35 horas o más a la semana y el 13% trabaja más de 48.
Aunado a esto, el 46.5% del total, informó que no había recibido aguinaldo o alguna compensación similar, en tanto que más de 60% dijo no contar con permisos para vacacionar y 76% detalló no tener acceso a ninguna prestación laboral.
El conjunto de estas características hace de los trabajadores del hogar -junto con la población migrante- uno de los grupos históricamente excluidos de la protección de sus derechos fundamentales, por lo que enfrentan condiciones de abusos, discriminación y explotación laboral, aún cuando el Estado mexicano tiene la obligación de emprender acciones que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Las mujeres trabajadoras del hogar enfrentan, en particular, discriminación múltiple a causa de su género, origen étnico y condición socioeconómica.
En el documento titulado “La satisfacción de los derechos humanos de los colectivos más vulnerables” se señala como preocupante que la Ley Federal del Trabajo considere al trabajo doméstico en un apartado donde se ven restringidos los derechos de quienes se dedican a esta actividad, con lo que se genera “un trato diferenciado injustificado para un sector de la población que la sitúa en una situación de desigualdad”.
Entre las desigualdades, resalta el hecho que se excluye de la definición de “trabajo del hogar” a las personas que prestan servicios similares en establecimientos mercantiles u otros, “reflejando la visión utilitarista y discriminatoria generalizada entre la sociedad”.
El análisis advierte que para avanzar en el “efectivo reconocimiento de los derechos de los trabajadores”, es necesaria la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo -estándar más alto a nivel internacional- que establece los derechos mínimos de los trabajadores del hogar.
Además, se recomienda realizar modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, para establecer límites a las jornadas laborales; eliminar el salario mínimo diferenciado y simplificar el régimen de altas y bajas del seguro social.
Sobre la situación de los migrantes, el estudio menciona que con frecuencia, son objeto de abusos y violaciones a sus derechos humanos; se les estereotipa y estigmatiza relacionándolos con la violencia y las bandas criminales.
“Las estancias migratorias son una puerta abierta a la arbitrariedad y agravios a los derechos humanos. La utilización de estaciones migratorias en México sigue siendo la regla y no la excepción y contrario a lo que dice la legislación, a las personas migrantes detenidas, rara vez se les facilita la asesoría jurídica o una representación legal para dar seguimiento a su proceso legislativo”, se detalla en el texto.
“Aquellas personas que emprenden su viaje a través de México enfrentan una condición de vulnerabilidad estructural, lo que ha llevado a que cada vez, con mayor frecuencia, sean víctimas de detenciones arbitrarias ante la ausencia de un debido proceso; expulsiones colectivas, discriminación en el acceso a servicios públicos y sociales, condiciones de detención infrahumanas, abusos de poder por parte de autoridades migratorias y policías, así como múltiples obstáculos en el acceso a la justicia”.
En este contexto, el IBD considera necesario eliminar la detención migratoria y en su lugar, implementar medidas alternativas, así como garantizar el derecho a una defensa adecuada.
“El riesgo de sufrir abusos, tanto por parte de la delincuencia organizada como por agentes estatales que en muchas ocasiones trabajan en connivencia con ésta, es generalizado”, subraya el análisis.
