La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una posición directa frente a la solicitud de extradición impulsada por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico. El mensaje fue claro: habrá revisión legal en México, pero sin aceptar presiones externas.
En un comunicado leído públicamente, la mandataria subrayó que el caso será atendido por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el marco jurídico nacional, dejando en claro que la actuación dependerá exclusivamente de la existencia de pruebas contundentes.
“No vamos a cubrir a nadie pero tampoco permitiremos injerencias”
Sheinbaum fue enfática al trazar la línea de acción de su gobierno frente a las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos:
“México es un país grandioso que establece una relación de iguales, nunca de subordinación. Mi posición ante estos hechos es verdad justicia y defensa de la soberanía. Sí la FGR recibe prueban contundentes conforme a la legislación mexicana o encuentra elementos de un delito, deberá proceder, lo he dicho siempre, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el asunto de estas acusaciones es político”.
Además, reiteró que bajo ningún motivo se permitirá la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en decisiones que corresponden únicamente a México.
Ruta legal: documentos, análisis y posible investigación
El caso avanzó en cuestión de horas. La presidenta detalló que el 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición para ciudadanos mexicanos.
Un día después, el 29 de abril, la documentación fue turnada a la FGR, que deberá analizar si existen elementos probatorios suficientes para sustentar las acusaciones conforme a la legislación nacional.
De forma paralela, la Fiscalía anunció que iniciará una investigación propia para determinar si hay datos que respalden las imputaciones hechas desde el extranjero, lo que abriría la puerta a posibles órdenes de aprehensión en territorio mexicano, en caso de acreditarse los delitos.
Señalamientos desde Nueva York y tensiones procesales
El mismo 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, un senador y un alcalde.
Sin embargo, la difusión de estos documentos generó un extrañamiento jurídico por parte de la cancillería mexicana, debido a que este tipo de procesos suele manejarse bajo criterios de confidencialidad internacional.
Condición clave: pruebas bajo ley mexicana
La Fiscalía General de la República dejó establecido que, conforme al marco legal vigente, para solicitar una orden de aprehensión es indispensable presentar datos de prueba que permitan inferir la comisión de un delito.
En ese sentido, Sheinbaum reiteró el principio rector de su postura:
“Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Como presidenta de la república, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
El proceso queda ahora en manos de la FGR, que deberá determinar si las acusaciones cuentan con el sustento necesario para avanzar en territorio nacional.
