La expectativa que creó la presentación del proyecto de Paquete Económico 2016 sirvió como cortina de humo de una información más que relevante dada a conocer por el padre Alejandro Solalinde, en la que establece que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, fue llevada a cabo por el Estado en complicidad con las distintas fuerzas del orden. El hecho es de la mayor trascendencia ya que se deriva de declaraciones de seis personas que le proporcionaron detalles sobre la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014. Entre estos destaca que un grupo pequeño de normalistas habría sido quemado en Iguala; que hubo dos y hasta más ataques contra los estudiantes; y, lo más sobresaliente, que en los ataques hubo presencia de la Policía Federal y elementos del Ejército, además de que varios de los desaparecidos estaban relacionados con tráfico de droga.
Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 por su labor en defensa de los migrantes, subraya que “es un hecho que fueron policías reglamentados, con armas reglamentadas, con uniformes, quienes dieron la orden de desaparición”. En una entrevista con Grupo Imagen Multimedia, recuerda que desde el año pasado se habló de un quinto camión, incluso de más camiones involucrados en el caso. También repasó las declaraciones del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien “decía que venían en camino 12 cuerpos de Iguala; de los que habían participado en el evento…. En ese momento no le dimos ninguna importancia pero después, recapitulando, nos preguntamos dónde están y quienes eran esos cuerpos, porque ya no se supo de ellos”.
“Otro punto que tocó el ex procurador en ese momento fue que se sabía que los estudiantes llevaban droga, mencionó la posibilidad de que alguno de los estudiantes fuera de Los Rojos”, añadió. Según Solalinde, los lugareños de Iguala insisten en que un grupo pequeño de jóvenes fue quemado, incluso unos todavía estaban vivos al momento de la incineración.
También destaca que el informe por parte de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes coincide en que la desaparición fue parte del Estado, Policía Federal y elementos del Ejército.
Desde hace casi un año, durante el XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en la Universidad Iberoamericana de Puebla, Solalinde sostiene que los normalistas están muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos. En declaraciones a periodistas extranjeros dijo que “estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber”. Reveló que sus informaciones provienen de testigos, de los mismos policías, que tienen miedo de hablar, así como de jóvenes que fueron testigos del primero y segundo ataque. “Como vieron que algunos de los jóvenes estaban heridos, otros cayeron también. A los que cayeron se los llevaron, agentes del Estado, quienes los balearon, los atacaron como si fueran un ejército y no estudiantes pobres, de una normal rural”.
Solalinde dijo entonces que mantenía contacto con estudiantes que sobrevivieron a los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, La versión defendida por las autoridades es que en la desaparición de los jóvenes participaron policías e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. La Procuraduría General de la República debería ahondar en los señalamientos del padre Solalinde, abrir las líneas de investigación correspondientes a los miso, y dejar de defender la mentira histórica de Murillo Karam.
En tanto, en el Senado de la República, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) defendió su informe, según el cual los 43 normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula y recomendaron solicitar la colaboración de Estados Unidos y autoridades internacionales para determinar si hay una conexión con el tráfico de heroína de Iguala a Chicago. A su vez, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, dijo que, a nombre de los padres, quieren que los expertos de la CIDH se queden en el país por tiempo indefinido hasta asegurar la verdad del caso Ayotzinapa.
