(09 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Caso Calera, versa sobre la desaparición de siete jornaleros el 7 de julio de 2015 en ese municipio perteneciente a Zacatecas, cuyos cuerpos fueron encontrados días después sin vida y, de acuerdo con algunos reportes, al menos a cuatro de ellos tenían el tiro de gracia.
Sus familiares denunciaron la desaparición y dijeron que soldados del 97° Batallón de Infantería de la Onceava Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas, irrumpieron en el domicilio de los jornaleros como parte de un operativo para localizar armas y drogas, y se los llevaron.
La Sedena inició su propia investigación, lo que sugiere que las primeras diligencias de investigación las hicieron las autoridades militares y no civiles. Según reportes públicos, posteriormente avisaron a las autoridades civiles del caso. La PGR inició una investigación en el sistema de justicia penal acusatorio en contra de cuatro soldados por los delitos de desaparición forzada, homicidio calificado y contra la administración de justicia.
Los militares han mantenido a los soldados acusados bajo su custodia. La PGR anunció que interrogaría a los soldados con apoyo del personal de la Sedena en las instalaciones militares de Zacatecas. “La presencia de los militares en los interrogatorios civiles puede comprometer la espontaneidad e independencia de los testimonios”, señala The Washington Office on Latin America (WOLA).
En octubre de 2016 un juez civil ordenó el traslado de los soldados de la prisión militar a los juzgados civiles para que estuvieran presentes durante su enjuiciamiento. Sin embargo, los soldados presentaron un amparo y evitaron suspender la orden de traslado. Este es un ejemplo de que la reclusión de soldados en prisiones militares afecta negativamente el desarrollo de las investigaciones civiles.
De acuerdo con cifras oficiales, entre el 2012 y el 2016 se iniciaron 505 investigaciones civiles contra soldados por delitos y violaciones a derechos humanos. Las cifras no permiten conocer mayores detalles sobre estos casos, las circunstancias en que ocurrieron y en cuántos ha habido justicia. La PGR no tiene información sobre cuántas de sus propias investigaciones contra soldados terminan en una sentencia condenatoria o absolutoria, señala el informe Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México, realizado por WOLA
Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia, indica WOLA. Además, afirma que, el fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público se ha dejado en segundo plano. Estados Unidos también apoyó este enfoque durante los primeros años de la asistencia en materia de seguridad a México, pues a través de la Iniciativa Mérida una parte significativa de los recursos se destinaron a las fuerzas armadas mexicanas.
Se indica que la estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente.
“Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”.
Otra información oficial también es inconsistente: mientras que la SEDENA reporta que entre 2012 y junio de 2016 envió a la PGR mil 835 casos en los que no tenía competencia para investigar, la PGR sólo tiene registro de 84 casos. Por su parte, el PJF afirma que entre 2012 y 2016 recibió de la SEDENA 829 casos en que las autoridades militares se declararon incompetentes, pero los jueces civiles solo aceptaron 314 de esos casos.
Por esto, no queda claro por qué estos casos se enviaron directamente a los jueces del PJF y si previamente pasaron o no por la PGR para una investigación. Las estadísticas del PJF sobre juicios son poco claras, pues aunque dan cuenta de 357 juicios civiles en contra de soldados entre 2012 y 2016, no es posible conocer si todos estos casos son delitos y violaciones a derechos humanos contra civiles y si también incluyen delitos cometidos por soldados fuera de servicio, es decir, en su calidad de civiles y no como miembros de las fuerzas armadas.
Si entre el 2012 y el 2016 la PGR inició 505 investigaciones de delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados mexicanos, por ahora sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, quiere decir que en cuatro años la PGR sólo tuvo éxito en 3,2 por ciento de sus investigaciones y que aún queda mucho por hacer para que las víctimas puedan ejercer sus derechos a la verdad y justicia, indica la organización.
De acuerdo al documento revisado por Revolución TRESPUNTOCERO, las investigaciones civiles en contra de soldados no profundizan sobre la cadena de mando, es decir, no investigan a los superiores jerárquicos de los soldados acusados de cometer delitos o violaciones a derechos humanos. Wola únicamente encuentra un caso en el que se condenó a un teniente coronel en Chihuahua por su responsabilidad como superior jerárquico en una desaparición forzada ocurrida en el 2009 y otro en que se condenó a un subteniente de infantería por la desaparición forzada de una persona en Nuevo León en el 2012.
La falta de investigación de la cadena de mando ha sido un problema en el sistema de justicia en México durante décadas. De hecho, una de las recomendaciones del GIEI para mejorar las investigaciones penales en México fue atender “la falta de investigación de las eventuales responsabilidades de los superiores”.
De acuerdo con el GIEI, “Las responsabilidades de los superiores son determinantes en cualquier investigación de funcionarios públicos, más aún en casos de graves violaciones de derechos humanos. Los vínculos de las cadenas de mando son fundamentales para valorar si hay responsabilidades entre los subalternos y sus superiores”.
En “Cadena de Mando” se encuentran testimonios sobre las dinámicas entre los altos mandos militares y sus subordinados en situaciones donde otros compañeros soldados son asesinados:
“[Aprovechándose] de que tú como elemento andas en la calle, de que si te tumbaron a un compañero ya tienes rencor en contra del crimen. Entonces el mando te dice, ‘No hay pedo, mátenlos, que no quede nada vivo, ustedes mátenlos, yo los pago’—porque haciendo memoria, en el Ejército sí me tocó recibir esa orden, que no queden vivos, los muertos no hablan. Esa era la norma número uno, los muertos no hablan, los muertos no declaran. Esa es la uno. Ah pero cuando ya todo sale mal, que se chinguen las escalas básicas, que se chingue la tropa. El mando se lava las manos…”
Un soldado relata que, recibió la orden de abastecer una camioneta con gasolina para transportar a un civil que murió a causa de la tortura cometida por soldados. En otra ocasión recibió la orden de actuar como enlace con integrantes del crimen organizado que le aportaban al “mando” datos de grupos criminales contrarios, que derivaban en cateos, detenciones o decomisos.
En otra, le ordenaron entregar a presuntos integrantes del crimen organizado las armas con las que se harían las ejecuciones “que ordenara el mando militar” y entregarles marihuana como pago por los asesinatos.
Es así como, la falta de investigación de la cadena de mando impide que las víctimas y la sociedad conozcan las circunstancias en que ocurren casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por soldados. También impide que altos mandos militares y funcionarios públicos civiles que piden y permiten la presencia de soldados en sus estados o municipios rindan cuentas y respondan por la decisión de desplegarlos en las calles, se indica en el documento.
Finalmente, la no investigación de la cadena de mando lleva a que sólo se investigue y castigue a soldados que cumplen órdenes, mientras las acciones de los superiores jerárquicos que dan esas órdenes permanecen en impunidad.
