(18 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Somos pobres por eso el gobierno deja que nos vayamos a la chingada. Sí y perdón pero la grosería no se compara con las chingaderas de Velasco o de Peña Nieto. Somos pobres y trabajamos y por eso pagamos impuestos.
El día 7 de septiembre por la noche, mi esposa, mis dos hijos y yo estábamos durmiendo, porque tenemos que trabajar todos parejo. No pueden ir a la escuela los chamacos, no hay dinero entonces nos ayudan en la venta de chácharas en las calles, no le sacamos mucho, vivimos al día y ese día la cosa empeoró”, relata a Revolución TRESPUNTOCERO, una víctima del primer gran sismo de septiembre, en Chiapas, quien prefirió mantenerse anónimo.
Las paredes de la casa se vinieron abajo. Ellos alcanzaron a salir de su casa porque “todo es tan pequeño que de un salto estás afuera, todos dormimos juntos. Cada quien agarró a uno de los chamacos y corrimos. A penas hacía dos años con esfuerzo levantamos las paredes, pero nos tocó comprar para lo que alcanzara. Yo lo hice, así que me culpó de casi matar a mi familia.
Primero nos prometieron materiales, luego las tarjetas, que el dinero, que otros beneficios, yo lo que quisiera es un trabajo estable. Sé plomería, albañilería, puedo arreglar microondas y también le hago un poco a la carpintería. Solamente trabajo, pero ni Velasco menos Peña y mucho menos todos los otros que han venido entienden. Ellos quieren dar dinero y que les tomen la foto entregándolo, lo malo es que a mi casa no han llegado, dudo que lo hagan y si bien es cierto no fueron ellos quienes tiraron mi casa, creo que como mexicano tengo derecho a ser ayudado, me lo he ganado porque pago impuestos, porque aquí en Chiapas le quitan todo lo que pueden al pobre, somos quienes pagamos las deudas de los ricos que tranzan y luego ya no saben cómo salir”.
Sobre la problemática, el jueves pasado, una Misión de Observación realizó un recorrido las comunidades Huizachal y el Paredón en Tonalá y Gustavo López y Nueva Urbina en Pijiiapan. La Misión está integrada por la Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Voces Mesoamericanas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa acompañados por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor) y el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz).
En este recorrido obtuvieron el testimonio de víctimas y comunidades cuya situación de emergencia humanitaria no ha sido suficientemente visibilizada ni atendida, señalaron. Posteriormente al recorrido la Misión sostuvo una reunión con los presidentes municipales de Tonalá y Arriaga.
La Misión sostuvo una reunión con diversos funcionarios del Gobierno Estatal. “Nuestra visita a las comunidades nos permitió constatar una grave desinformación sobre los criterios y procedimientos en el otorgamiento de apoyos para el proceso de reconstrucción. Dichas falencias son imputables al Estado sin duda, pues es su responsabilidad garantizar el derecho a la información para la toma de decisiones así como la transparencia en el uso de los recursos públicos”, indicaron.
Además, señalaron que de manera preliminar “podemos observar ciertas inequidades y elementos discriminatorios en el otorgamiento de apoyos, lo cual genera un proceso de revictimización en las personas y comunidades”.
“Un grupo de lugareños hemos denunciado que los apoyos, de lo que sea, solamente se los dan a la gente que apoya al PRI o al PVEM o a ambos, aquí aparecieron más rápido los líderes de partidos que la solución. Van inscribiendo a la gente y a muchos les piden su credencial de elector, a otros los comprometen con que pintarán bardas por eso que ya vienen las campañas, es decir son bien descarados, a ellos sí les cae recursos serán quienes reciban ya la mentada tarjeta y también a otros que ni las necesitan tanto o de plano nada”, comenta la fuente.
En tanto la Misión señala, “observamos una grave descoordinación del gobierno federal con las instancias municipales y con la sociedad al grado que no se ha compartido información básica para garantizar los derechos de las personas afectadas por los sismos del 7 de septiembre y sus réplicas.
Nos preocupa especialmente el impulso a la participación de fundaciones privadas en el proceso de reconstrucción. Preliminarmente detectamos un intento de canalización de recursos públicos sin licitación clara que quiere hacerse pasar como caridad y solidaridad”.
Además, indica que existe un proceso de imposición cultural a través de prototipos de construcción que responden a una lógica centralista y no son susceptibles de adaptarse a las necesidades de la población local, no cumplen con los criterios mínimos que permitan un ejercicio del derecho humano a la vivienda digna y ni siquiera cumplen con criterios básicos de calidad.
De la misma forma notaron deficiencias importantes en materia de servicios de salud, agua, saneamiento y atención psicosocial dirigida a la población afectada por los sismos, así como preocupantes rezagos en la atención y respuesta a las afectaciones de las instalaciones públicas de salud y educación.
En este último aspecto, “nos preocupan mucho las graves afectaciones a la población infantil y juvenil pues las clases se han visto muy afectadas y hay varios lugares donde no se han reanudado. También hemos recibido preocupantes testimonios de agresiones a personas defensoras en el contexto de su trabajo de documentación de violaciones a derechos humanos y apoyo a las personas ý comunidades víctimas en relación a los sismos y réplicas”.
Por lo que las organizaciones exigieron a las autoridades de los 3 niveles de Gobierno que realice acciones tendientes a remediar las graves fallas que hemos detectado en el padrón de beneficiarios y además de ello a coordinarse eficazmente y compartir información en beneficio de las víctimas.
Así como investigar, resolver y evitar posibles actos de corrupción en torno a la entrega de tarjetas.
