La Ley de Seguridad es un hecho, a pesar de que diversas organizaciones no gubernamentales y organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales habían demandado su no promulgación por considerarla inconstitucional.
Como lo había anunciado durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sordo ante las denuncias de inconstitucionalidad, Enrique Peña Nieto promulgó la ley y se publicó en una edición vespertina del diario Oficial de la Federación.
Lo anterior pese a que desde diversas organizaciones no gubernamentales y organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales habían demandado su no promulgación por considerarla inconstitucional.
Aunque el anuncio de su promulgación lo hizo durante la sesión del CNSP, la firma la hizo a puerta cerrada, Peña Nieto promulgó la legislación que, “mediante un decreto publicado por la Secretaría de Gobernación, la polémica ley que dará cobertura legal a la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública entrara en vigor a partir de este viernes”.
Sin embargo, acorde con lo ofrecido, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronuncie sobre su constitucionalidad no emitirá ninguna declaratoria de seguridad interior, paso previo para el despliegue de las fuerzas armadas en alguna región del país.
