La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril, en punto de las 18:00 horas, recibió formalmente diversas solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Siguiendo los protocolos establecidos en la Ley de Extradición Internacional, la Cancillería notificó que la documentación ya ha sido turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de evaluar la viabilidad de las peticiones conforme al marco jurídico nacional.
Esto, en correspondencia con la acusación formal del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole, contra diez altos funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa.
La acusación, asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla, señala directamente al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con una lista de colaboradores y mandos de seguridad, por presunta asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa para la distribución masiva de narcóticos hacia territorio estadounidense.
Falta de elementos de prueba iniciales
Tras una revisión jurídica preliminar bajo los lineamientos del Tratado de Extradición bilateral, la SRE señaló la insuficiencia probatoria como un punto crítico en los expedientes entregados por la Embajada estadounidense:
La SRE fue enfática al señalar que los documentos recibidos no cuentan, por el momento, con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de los individuos señalados.
Debido a lo anterior, la Cancillería no ha podido establecer la procedencia inmediata de las detenciones provisionales con fines de extradición.
No obstante, la SRE aclaró que, por procedimiento legal, corresponde exclusivamente a la FGR determinar si existen pruebas adicionales que se ajusten al sistema jurídico mexicano para dar curso a las solicitudes.
Tensión diplomática por manejo de información
Un punto de fricción en este proceso es la divulgación de los datos. La SRE anunció que enviará un extrañamiento formal a la Embajada de los Estados Unidos debido a la forma en que se dio a conocer la información.
“En los tratados vigentes existen provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”, subrayó la dependencia.
Con esta medida, el Gobierno de México busca señalar el incumplimiento de las cláusulas de reserva que rigen los acuerdos bilaterales en materia de justicia y seguridad.
