(13 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Tony Gutiérrez López viajaba en transporte público del municipio de Tila, Chiapas, a Petalcingo, el 17 de julio del año pasado, cuando fue detenido por policías municipales de esa zona y civiles armados pertenecientes al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), según testimonios de pobladores, estos grupos en aquel momento se movilizaban con recursos proporcionados por el presidente municipal de Tila, Límberg Gregorio Gutiérrez Gómez, quien también les asignó automóviles oficiales y patrullas de la policía municipal.
Dicha información sirvió como ayuda a sus familiares, quienes se movilizaron hacia el ejido iniciando una búsqueda inmediata, mientras alguien más se dirigió a la comandancia de la policía municipal, donde no se le dio información alguna.
Durante siete días, familiares y amigos buscaron por su cuenta, preguntando a la comunidad si no conocían el camino por donde los policías se lo habían llevado luego de su detención o el sitio donde se detuvieron. Nadie dio razón alguna, la policía seguía negando la detención.
En el octavo día, el 24 de julio, se encontró su cuerpo con signos de tortura en un rancho conocido cercano a unos 2 kilómetros del poblado Petancingo, según información de la Red Mundial Contra la Tortura y otras Violaciones a Derechos Humanos, aportada a Revolución TRESPUNTOCERO.
Después de los hechos, los familiares de Tony Reynaldo denunciaron tanto la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial perpetrada por policías municipales. Sin embargo, el primer obstáculo que impusieron para el esclarecimiento se presentó en el expediente penal 199/2015, radicado en el Juzgado Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, donde solamente se registró que se había dado inicio a una investigación por el delito de homicidio ‘simple’, dejando fuera los tres graves delitos.
Según expone la Red, Magaly del Carmen Cruz Pérez, esposa de Reynaldo, declaró que habría sido presionada por funcionarios del Gobierno del Estado de Chiapas y por la Procuraduría General de Justicia de la misma entidad para que aceptara apoyos económicos y desistiera de darle seguimiento al proceso con su abogado.
Al no desistir y continuar con la exigencia de justicia por medio del proceso legal, tanto Magaly como otros miembros de su familia, han recibido amenazas de muerte por parte de integrantes de grupos que tendrían vínculos con estructuras paramilitares identificadas bajo el nombre de Paz y Justicia.
Pese a que al conocer los hechos, el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), manifestó su preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de Magaly y su familia, además de solicitar a las autoridades correspondientes tomar las medidas necesarias para garantizar su protección contra malos tratos o intimidación como consecuencia de las denuncias interpuestas por la desaparición, tortura y homicidio de Tony Reynaldo, su posicionamiento fue ignorado.
Como también lo fue el llamado a las autoridades a iniciar de forma inmediata una investigación exhaustiva, independiente e imparcial alrededor de la muerte de Tony Reynaldo Gutiérrez López, con el único objetivo de determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos ocurridos, así como la identidad de los autores materiales e intelectuales.
La protección a las policías hasta este momento ha continuado, al mismo tiempo que el hostigamiento hacia Magaly y su familia se intensifica, como también para otros pobladores del ejido La Esperanza, lugar donde habita la familia.
Un grupo de representantes del ejido han manifestado en días recientes, que Manuel Velasco Coello criminaliza la protesta social y violenta los derechos humanos, además de esto, se alienta y han reactivado grupos de corte paramilitar y delincuencial los cuales operan con total impunidad.
“El gobierno pretende invisibilizar esta grave situación y aparenta atender a marchas forzadas las distintas protestas que se presentan con el objetivo de liberar la plaza catedral de San Cristóbal de Las Casas”, denunciaron recientemente.
Magaly hizo énfasis en que a una semana de cumplirse siete meses de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de su esposo Toni Reynaldo Gutiérrez López, las principales amenazas han llegado por medio de llamadas telefónicas hechas por los regidores Ezequiel Gómez Pérez del PRI y Alejandro Díaz Martínez del PVEM del ejido Nueva Esperanza, exigiéndole que renuncie a la búsqueda de justicia y acepte la indemnización que le ofrecen.
Ella también asegura que además de estos dos regidores, también se encuentra un hermano del ex presidente municipal, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez (PVEM), “quien ha sido señalado de promover la violencia en Tila y de encabezar a grupos de corte paramilitar del PVEM”, quienes han presionado al poblado a quienes les prometen seguridad y otros ‘beneficios’, solamente si Magaly deja el caso de Tony y acepta los recursos que le ofrece el Ayuntamiento de Tila, también como condición ella no debe recurrir a ninguna instancia de Derechos Humanos.
“De no aceptar esta condición ellos como ayuntamiento nombrarán al agente municipal y que tomarán por la fuerza y con su gente acciones contra quien se oponga o siga manifestándose”, denuncia Magaly.
Por su parte la activista Samanta Cárdenas, investigadora social que ha documentado casos de tortura en Chiapas, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, que “el PVEM se ha apoderado de cargos públicos y abusado de su autoridad para amedrentar a cualquier poblador que exija sus derechos, los tienen amenazados y hostigados, quien intenta levantarse lo desaparecen o lo matan a quemarropa, como forma de control poblacional.
Los grupos paramilitares se encuentran al servicio del gobierno estatal y son aquellos a los que ninguna autoridad persigue, por el contrario se hacen de los ciegos, cuando los ven. Permiten que ataquen a la sociedad civil, principalmente a los indígenas que han participado o formar parte de luchas sociales, principalmente por la defensa de sus tierras y en contra del despojo provocado por el racismo y ambición de Velasco Coello”.
Asegura que el caso de Tony Reynaldo es un crimen de lesa humanidad perpetrado por policías municipales, que han tenido toda la libertad y respaldo de las autoridades locales y estatales para asesinar. “Es un caso emblemático porque hablamos de autoridades que manipularon abiertamente su expediente, cubrieron policías y evitan la justicia por medio de actos de corrupción y amenazas de muerte, así trabaja el gobierno estatal y los funcionarios provenientes del PVEM, son sicarios en puestos públicos con vía libre para matar y robar”.
