La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta por el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, contra la Ley de Seguridad Interior.
Sin embargo, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo negó suspender su entrada en vigor y solamente ordenó notificar al Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo federal y las demás autoridades señaladas como responsables.
“Con copia simple del escrito de cuenta y sus anexos, empláceseles para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído” – indicó.
El argumento del municipio de Cholula para demandar fue que la Ley violenta su autonomía al momento que dispone de las Fuerzas Armadas para tomar el control de la seguridad pública del país.
