Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California para impugnar la “Ley Bonilla”.
En el expediente 324/2019, se establece que se otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de aquella entidad para que envíe a la corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas. El recurso fue efectuado por el ministro José Fernando Franco González Salas.
De acuerdo con este recurso, también se deberá entregar los respectivos diarios de debates y las documentales de las que se advierta que dio vista con la reforma constitucional a los municipios del Estado, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa.
Sin embargo, González Salas negó la suspensión que solicitó el PAN, con la que buscaba frenar la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California.
Determinó que no es necesario que la acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que Bonilla rinda protesta para asumir el cargo, pues seguirá teniendo efecto.
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