(14 de septiembre, 2015).- El reportaje titulado “Ayotzinapa: los “sicarios”, sólo albañiles torturados”, publicado en la revista Proceso, ya en circulación, y escrito por Anabel Hernández y Steve Fisher, da cuenta de nuevas irregularidades en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular era Jesús Murillo Karam, en torno a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014: las confesiones de los supuestos sicarios que hablaron de la quema en un basurero de Cocula de los cuerpos de los normalistas… Fue obtenida mediante el recurso de torturar a cuatro albañiles.
Entre los supuestos sicarios que confesaron cómo fue que quemaron a los normalistas, se encuentra Patricio Reyes Landa Salgado, quien en realidad es un albañil de bajos recursos, cuya familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Landa Salgado fue señalado por la PGR de Murillo Karam, junto con otros tres albañiles, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado, como los supuestos responsables de asesinar e incinerar a las 43 normalistas, incluso la PGR afirmó que los albañiles aceptaron su crimen en sus respectivas declaraciones.
No obstante, luego de un examen médico realizado en la PGR a los cuatro trabajadores, se comprobó que éstos fueron torturados. Misma afirmación a la que llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura.
La afirmación anterior se suma a la conclusiones del propio GIEI, cuyos expertos refirieron, el pasado domingo 6 de septiembre, que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, contrario a lo asegurado por el exprocurador Murillo Karam en su famosa “verdad histórica”.
Lo grave es que los albañiles presentados como sicarios nunca confesaron nada. Según la PGR, éstos confesaron haber triturado los restos de los normalistas para luego meter sus cenizas en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan, sin embargo, en las declaraciones, en poder de quienes escribieron la presente investigación publicada en Proceso, no hay registro de tales afirmaciones. Ese argumento fue inventado por la PGR, aseguran.
