El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) determinó inhabilitar por un año a un juez federal, identificado como Fernando A, por emitir resoluciones que evitaron la detención del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al considerar que incurrió en faltas graves en el ejercicio de su función jurisdiccional.
De acuerdo con el órgano disciplinario, la sanción deriva de una queja presentada en abril de 2024 ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señalaron actos y omisiones que reflejaron falta de profesionalismo, notoria ineptitud y descuido en el desempeño del cargo. El TDJ precisó que la medida no responde al criterio jurídico del juez, sino a resoluciones emitidas en contravención directa a la ley y al desatender elementos esenciales de los expedientes.
En su resolución, el tribunal expuso que el juzgador concedió suspensiones provisionales y definitivas con efectos restitutorios en diversos juicios de amparo, lo que implicó un desvío de la legalidad. Entre esas decisiones, ordenó a una autoridad municipal expedir una constancia de residencia sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales, bajo el argumento de que era necesaria para acceder a servicios de salud.
El TDJ también concluyó que el juez desacató jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al otorgar suspensiones para impedir la separación del cargo del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas y frenar procedimientos administrativos en su contra. En otro caso, concedió una suspensión contra una orden de aprehensión para evitar que al quejoso se le suspendieran sus derechos político-electorales o fuera considerado prófugo de la justicia.
La Comisión de Disciplina sostuvo que no se trató de hechos aislados, sino de actuaciones reiteradas que incluso impactaron resoluciones relacionadas con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas conductas, señaló, justificaron la imposición de la inhabilitación, aun cuando el juez ya había sido separado de su cargo en agosto de 2025.
La denuncia fue promovida por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien acusó que el juez resolvió de manera reiterada amparos para favorecer al exmandatario estatal. Tras conocerse la sanción, el legislador afirmó que el fallo refleja una decisión institucional para actuar frente a irregularidades y combatir prácticas que, aseguró, permitieron la protección judicial del exgobernador.
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