(11 de julio, 2014).- Ante los daños latentes a las libertades ciudadanas y los medios alternativos e indígenas, a causa de las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión; en la Cámara de Diputados, un sector del Partido Acción Nacional (PAN), otro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como de Movimiento Ciudadano (MC), anunciaron que van a presentar recursos de acción de inconstitucionalidad contra los artículos que conforman dicha legislación.
Mientras que MC se enfocará en denunciar los artículos 189 y 190 de la Ley de Radiodifusión, el PAN y el PRD actuarán contra los apartados que limitan la operación y el alcance de las radios comunitarias, indígenas y alternativas.
Luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cerraran el diálogo con respecto a los artículos 89 y 90 del dictamen de Telecom, Miguel Alonso Raya, secretario de la Comisión de Comunicaciones en San Lázaro y vicecoordinador de la bancada perredista, anunció que, en colaboración con el PAN y un grupo de abogados, ya se está redactando la acción de inconstitucionalidad para evitar que lo público, social, comunitario e indígena en la radio y televisión mexicanas, sean eliminados o relegados a espectros de banda con interferencia.
“Se impuso la decisión de marginar a las radios comunitarias e indígenas, de evitar que tengan patrocinio e imposibilitarlas para vender publicidad que les permita existir sanamente y con viabilidad financiera”, fue uno de los factores criticados por el vicecoordinador del PRD.
Asimismo, aseguró que este tipo de medidas demuestra que la administración de Enrique Peña Nieto le teme a los medios independientes.
Por otro lado, Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de MC, expresó sobre los artículos 189 y 190 de la legislación peñista, que su objetivo es conseguir “la autorización para tener vigilados y entrometerse en la vida privada de las personas”, advirtiendo que “estamos ante un Estado policiaco”.
La función del artículo 189 será obligar a las empresas a que brinden información sobre los usuarios de telefonía e Internet, mientras que el artículo que le sigue, tendrá como misión permitirle a las autoridades el bloqueo de señales durante manifestaciones públicas, además de la retención de imágenes, mensajes de cualquier tipo, interacción en redes sociales, chats, correos electrónicos y llamadas de los ciudadanos, por un plazo de hasta dos años. Se trata de espionaje contra la población mexicana, llevada a cabo por su propio gobierno.
