Michoacán sigue siendo un campo de batalla silencioso. Desde mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha destruido más de 700 artefactos explosivos improvisados, localizados en distintos puntos del estado, donde el crimen organizado sembró minas como si fueran semillas del terror. Las comunidades afectadas, muchas de ellas cercanas a zonas de conflicto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habían alzado la voz: caminaban con miedo. Hoy, esa presión social dio resultado.
Las cifras son claras, pero el contexto es alarmante. En mayo se destruyeron 621 explosivos. En las semanas más recientes, se sumaron otros 94, muchos de ellos diseñados para detonar con el peso de una persona o de un vehículo.
Estas acciones se activaron tras la suspensión definitiva que un juez federal, Sergio Santamaría Chamú, concedió a pobladores que denunciaron la falta de acción de las autoridades para detectar y eliminar estos artefactos. A partir de entonces, soldados y elementos de la Guardia Nacional se desplegaron a pie y en vehículos para realizar reconocimientos en zonas de alto riesgo. En sus reportes se detalla, por ejemplo, la localización de ocho explosivos lanzados por dron y uno más con mecha lenta. En otra comunidad, se desactivaron 14 minas terrestres adicionales.
La presencia militar ha sido estratégica. Aunque algunas comunidades, como Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán (municipio de Buenavista Tomatlán), no están bajo la jurisdicción directa de la 21 Zona Militar, el personal continúa operando para localizar, neutralizar y destruir cada amenaza. Coordinación entre zonas militares, como la 43 (con sede en Apatzingán), ha sido clave para cubrir el territorio.
Además del explosivo hallado, las fuerzas armadas también aseguraron 55 kilos de pólvora, 21 de azufre y 70 de clorato de potasio, materiales base para la fabricación de estos dispositivos letales.
Esta operación, aunque salvó vidas, no ha estado exenta de tragedia. A finales de mayo, seis militares perdieron la vida y otros dos resultaron heridos tras la explosión de un artefacto improvisado cerca de El Santuario, municipio de Los Reyes, justo en la frontera con Jalisco. Aquella explosión fue un golpe que estremeció al país y confirmó que la amenaza es real.
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