(07 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luego de ser detenida, en Saltillo, un comandante del GROM dijo que como no les servía de nada, que mejor la colgaran en el puente, “que todavía no la habían reportado”.
Toda la noche la dejaron en el batallón del GROM, la estuvieron golpeando, todo miembro de la corporación que ingresaba la manoseaba, “le metían los dedos y le decían que la iban a violar”.
Después, “le pusieron una bolsa negra como cinco veces”, le dieron choques eléctricos sobre la ropa, supuestamente para que no quedara marcada. Un oficial ingresó y comenzó a tocarle todo el cuerpo, presionando sus senos con mucha fuerza hasta causarle un dolor intenso.
Ese mismo oficial dijo que “quería checar la mercancía”. Poco tiempo después, entró otro oficial y el primero le dijo que si él quería “la podía violar en ese mismo momento y que todos los que quisieran también”, señala un testimonio de acuerdo a investigaciones de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
De acuerdo con el informe México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila constituyen crímenes de lesa humanidad, en Coahuila existe un ataque contra la población civil.
“Los Zetas y los miembros de las corporaciones de seguridad de Coahuila (Policía Municipal, Policía Estatal Acreditable, GRI, GATE, GATEM y/o GRUPO ELITE, GROM) han realizado múltiples actos de violencia que comprenden los crímenes de privación grave de la libertad física, tortura, y desaparición forzada de personas, todos ellos cometidos contra la población civil del estado”.
Además, se indica que es normalmente, la privación grave de la libertad física de las víctimas el punto de partida y marco criminal para la materialización de actos de tortura y desaparición forzada.
En los últimos dos años Coahuila ha sido evidenciada por la violencia perpetrada por las policías y militares que se encuentra en dicha ciudad, cometida en los últimos diez años, que han incluido tortura sexual contra detenidos y detenidas arbitrariamente, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Recientemente se ha señalado que del 2011 al 2016, las autoridades estatales responsables de la seguridad han cometido crímenes de lesa humanidad directamente. Durante 2017, de acuerdo con un análisis de la base de datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) “el 80 por ciento de las 79 recomendaciones emitidas por violaciones a derechos humanos están siendo dirigidas a instituciones o corporaciones de seguridad estatales y municipales”.
De las autoridades que han recibido las recomendaciones, sobresale el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y la Comisión Estatal de Seguridad, con cuatro expedientes, pero también se encuentran Fuerza Coahuila y el Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM).
Cabe señalar que, la CDHEC ha emitido recomendaciones a casi todas las corporaciones municipales, dentro de éstas se ubica Saltillo, con nueve. Sobre el tema, Javier Eduardo Roque, visitador general de la CDHEC, ha señalado que de dichas recomendaciones, el nivel de cumplimiento está por debajo del 20 por ciento.
“Coahuila es uno de los claros ejemplos de la colusión entre autoridades y delincuencia organizada que a su vez demuestra el poder de infiltración que tuvo el segundo grupo y que ahora son quienes dirigen la seguridad del país, es decir por eso estamos en trágicas condiciones, donde ir a denunciar una desaparición forzada, detención arbitrara o tortura es condenarse a que saliendo de la dependencia ultimen al familia o le adviertan que ya saben lo que hace y que se calle”, señala a Revolución TRESPUNTOCERO, José Luis Aguilar, activista y especialista en Derechos Humanos.
Aguilar comenta que, a partir del sexenio de Felipe Calderón lejos de implementar una estrategia contra el narcotráfico se implementó una estrategia para violar los derechos humanos de civiles a fin de: mantener sumisión por miedo, ser carne de cañón y convertirlos en supuestas pruebas de falsos resultados de su supuesta estrategia de seguridad, “y mientras esto sucedía, los mandos comenzaban a tener mayores nexos con el narco que a fin de mantener el ejercicio de su ilegal oficio en total libertad comenzaron a negociar con las fuerzas policiacas y armadas.
Así que bajo el poder que se les entregó a las fuerzas de seguridad podían manejarse en la ilegalidad con la especie de fuero tras haber tomado el control del país. Y por eso los crímenes de los Zetas dentro de los penales, el negocio de los secuestros, la tortura para crear falsos positivos. Así es como Coahuila representa un escenario que demuestra que con Calderón dieron inicio los crímenes de lesa humanidad y se consolidaron bajo la impunidad de Enrique Peña Nieto”, detalla.
A septiembre del 2017, la CDHEC mantenía mil 185 quejas, de las cuales la mayoría se concentró en Torreón con 322, Saltillo 228, Monclova 226 y 165 en Piedras Negras. El pasado 5 de julio, un grupo de defensores de derechos humanos de Coahuila, acompañados de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, presentaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una pormenorizada denuncia respecto a una serie de delitos cometidos en la entidad que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
“Poco después iniciaron los ataques y hostigamiento contra uno de los principales activistas del país, el obispo Raúl Vera. Después continuaron con otros defensores de Derechos Humanos que participaron en aquella denuncia. El gobierno sabe que en efecto, se puede confirmar los crímenes de lesa humanidad, otros más para el historial del sicariato en el que se ha convertido este país”, puntualiza Aguilar.
La denuncian ante la CIDH, se realizó por medio de un reporte que contiene 500 casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en la entidad, durante los gobiernos de los priistas Humberto y Rubén Moreira.
Durante la celebración del 165 Periodo Ordinario de Sesiones en Uruguay, las organizaciones señalaron ante la CIDH, que “mientras Humberto Moreira fue Mandatario estatal, las fuerzas de seguridad se coludieron con Los Zetas para cometer delitos, mientras que con Rubén, fueron las fuerzas especiales las que confabularon también con el crimen organizado”.
