(27 de abril, 2016.RevoluciónTRESPUNTOCERO).- “Las autoridades de México fabrican delincuentes o en este caso muy particular “un chivo expiatorio”, y sí, así me siento, ya que en mi persona hicieron caer las culpas de otros, los errores de otros y las incapacidades de otros, motivo por lo cual comparto aquella frase que aparece en todos los medios de comunicación y que toda la sociedad mexicana conocía: ‘… Si la vara es muy alta, sino pueden renuncien’…
El día 28 de junio de 2011 mirando a los ojos al ciudadano cuya presencia social y relevancia en medios de comunicación, hoy en día le provee de una excesiva notoriedad, y que es víctima de este grotesco delito que daña a nuestra sociedad, el secuestro, le dije, ‘yo no participé en el secuestro de su hijo’, fui amenazado, víctima de actos de tortura y hoy sigo sosteniendo mi plena inocencia en los delitos por los cuales recibí una sentencia vergonzosa, no para mí, para la sociedad mexicana, ya que es extraordinariamente increíble que un solo testigo denominado jurídicamente ‘testigo singular’, me haya involucrado a partir de un impresión fotográfica la cual le fue mostrada en sólo dos ocasiones los días 10 y 11 de diciembre de 2010 por elementos de la Policía Federal y un agente del Ministerio Público de la Federación llamado José Manuel Rojas Cruz, el cual recibió informe policial el 8 de diciembre de 2010”, versa un fragmento de una carta escrita por Pablo Solórzano, quien fue condenado a 452 años 8 meses 25 días, por el delito de secuestro en el caso del rapto y asesinato de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí.
Pablo Solórzano, víctima de tortura y fabricación de delitos, fue detenido el 12 de mayo del 2011, y sentenciado el 30 de septiembre de 2015. Aunque promovió el amparo número 1513-2015, el 28 septiembre del 2015 para el no traslado, el 16 de noviembre sus familiares recibieron una llamada informándoles que había sido trasladado al centro federal de readaptación social “CPS-13 Oaxaca.”
Por lo que la Red de Alerta Temprana ha dado a conocer que Pablo “ha sido alejado de sus familiares y se ha obstaculizado su defensa efectiva, sometido a un régimen penitenciario mucho más estricto en el que prevalecen los tratos inhumanos y degradantes para los presos y sus familiares, los que además impactan de manera importante la economía familiar que tiene que erogar grandes cantidades en el traslado para las visitas. Todos estos factores han contribuido a los daños a su salud física y emocional, produciendo un agravamiento del estatus depresivo larvado de larga duración con un periodo agudizado de depresión y ansiedad que debe de atenderse de inmediato manera integrar”.
Pablo Solórzano Castro, fue reconocido por las autoridades como “El Gallo”, y lo dieron a conocer a los medios como presunto integrante de la banda de secuestradores denominada “la Flor”, siendo considerado probable responsable de la comisión de los delitos de posesión de cartuchos para arma de fuego, secuestro y privación ilegal de la libertad en agravio de siete víctimas.
Asimismo se dijo que era presunto colaborador de la organización criminal “La Flor”, relacionada con el secuestro del hijo del empresario, ya que se dijo se dedicaba al secuestro y operaba en el Distrito Federal y zona metropolitana.
Según el documento de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, los aprehensores de Pablo Solórzano Castro, Ismael Zarco Cruz, Sergio David Frutero Salcido, Ricardo Muñoz Tapia y Jesús González Torres, lo trasladaron a las oficinas de la SEIDO donde fue interrogado por su presunta participación en los hechos.
Pablo se encuentra procesado, aunque no existe ninguna prueba directa que hagan en su contra las víctimas o los testigos de los actos delictuosos. “Por lo que el Ministerio Público trata de demostrar la culpabilidad del sujeto mediante lo que se llama ‘prueba circunstancial’, y así establecer la culpabilidad de Pablo”, señala el documento.
A su vez, dentro del material probatorio de Pablo Solórzano, se denuncian los hechos de coacción, amenazas, tortura y otros tipos de presiones en su contra perpetrados por elementos policiales, representantes del Ministerio Publico, u otro tipo de representantes como la Señora Miranda de Wallace, siendo señalada por “haber acudido de manera ilegal a los penales y haber participado en los interrogatorios sin que ella tenga derecho para hacerlo. Que el hecho que Isabel Miranda de Wallace haya tratado de manera degradante e inhumana a los inculpados durante sus interrogatorios, si se comprueba dicho hecho, se considere como circunstancia agravante”, versa el texto de la ACDV.
Hoy las declaraciones de los familiares, quienes tuvieron contacto con él en marzo pasado, constataron el grave deterioro de la salud. Su madre afirmó “lo volvimos a ver muy delgado, demacrado, él no nos dice nada pero nunca lo habíamos visto así. Todo esto es desde que fue trasladado en noviembre de 2015 del ‘Altiplano’ al CEFERESO 13 Oaxaca”.
Sobre el tema, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, que Pablo de 34 años, al momento de su detención, fue detenido y torturado para inculparse, en relación a varias acciones determinadas como secuestros, incluyendo el de Fernando Martí. “Lo detiene por la mañana y presentan por la noche, sin embargo hay una inspección judicial que establece cuando menos 12 horas de retraso, tiempo en el que fue torturado.
Llama la atención que el juez que condena a 452 años de prisión, mantiene como una de las pruebas que Pablo reconoce su culpabilidad y aunque se retractó en la declaración preparatoria y sus declaraciones posteriores, priva esas declaraciones porque dice hubo tiempo para ser aleccionado por su abogado, pero no podemos perder de vista que Pablo, abogado litigante con experiencia, y que incluso fue policía ministerial del Distrito Federal y por lo tanto ¿cómo podría él aleccionar su dicho después, si de antemano ya sabe que hacer una imputación en la primera declaración tiene muchas repercusiones?”, comenta Ramírez.
No obstante, el juez no le da valor a ese punto y lo desestima, por lo que se habla claramente, según Ramírez, que fue víctima de tortura, si él hubiera aceptado la culpabilidad, si hubiera sido el caso le convendría colaborar y con eso tener beneficios. Sin embargo es cuando ya está con el juez el imputado, que puede decir qué pasó abiertamente.
Se afirma que fue tal el nivel de tortura física y psicológica que le provocaron, sobre todo el riesgo a que le hicieran daño a sus padres y a sus familiares que lo llevan a inculparse pero incluso, lo llevan a una situación extrema a intentar privarse de la vida con una navaja de un rastrillo, puesto que intentó cortarse las venas yugulares.
“No lo hizo de manera fingida, sino en una situación muy desesperada de estrés postraumático, por lo que durante varios días tuvo que estar en hospitalización para poderle salvar la vida. Eso también se omitió como parte de las pruebas en el protocolo de Estambul, incluso lo dejan de lado como parte del síndrome de estrés postraumático y minimizan las lesiones que él presentó durante la detención y explican que fueron derivadas de maniobras de sometimiento, a pesar que el parte informativo de puesta disposición no dice que haya sido necesario el uso de la fuerza para su detención”, menciona Ramírez.
Quien comenta que otro elemento grave por el que supuestamente se llega a determinar que Pablo Solórzano es un delincuente, es porque la policía tortura a Noé Robles Hernández, una persona coacusada para que identifique la media afiliación de Pablo, esto mediante una fotografía, “llegaron los policías al altiplano, hay constancias que no hubo abogado defensor, ni las formalidades jurídicas y quien durante dos días lo interroga para que inculpe a Pablo, pero es hasta el tercer día cuando ya amenazan con hacerle daño a los familiares de Noé que él acepta reconocer a Pablo como alguien con el alias ‘El Gallo’”.
Sin embargo, en plataforma México no hay ninguna fotografía del joven que esté con alias de “El Gallo”, tampoco hay datos previos para poder identificar y es que “en lugar que llegaran con un catálogo de fotografías de servidores públicos, porque se decía que era la banda de los tiras, a Robles, lo inducen a reconocer a Pablo, mediante una sola fotografía. No podemos perder de vista que Pablo había hecho ya en noviembre del año pasado una denuncia penal, porque policías lo habían intentado extorsionar y le advirtieron que si él no pagaba 500 mil pesos a los policías ellos lo iban a meter en algún delito”, declara Ramírez.
A estas supuestas pruebas, se añadió que Pablo escribió un cartel de puño y letra que le dejaron como mensaje a los familiares de Fernando Martí, sin embargo no hay estudios grafoscópicos, ni peritajes de análisis comparativos, que permita reconocer la grafía de Pablo, a pesar que él cuando fue detenido se le obligó a ser una gran cantidad de escritos y letras y nombres dentro de su investigación, “con todo esto, a él lo acusaron de ocho delitos de secuestro mediante tortura, fue así como Pablo tan solo por el dicho de Noé lo hacen que pague esta pena de 452 años por ocho secuestros”, afirma el representante de la Limeddh.
Quien también asegura que ahora que se encuentra en un penal de Oaxaca ha tenido recaídas, por una afectación severa de la enfermedad de gota, lo que ha provocado daños en su estado emocional, “por eso consideramos que Pablo, desde la Limeddh, es un presunto culpable más, es una persona a la que se le han fabricado delitos. Para la familia Martí, nosotros seguimos clamando justicia, para que se castigue a los responsables, y para las víctimas a las que se les fabrica delitos por medio de la tortura.
Pedimos también que el señor Alejandro Martí y a sus asesores, que revisen el caso de Pablo y contribuyan a sumarse a la campaña por su libertad. No se debe de permitir que la Procuraduría General de la República y la Policía Federal sigan fabricando presuntos culpables”, puntualiza Ramírez.
