Por: Angie López
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El día de ayer, Human Rights Watch dio a conocer un informe en el que señalaron que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido parte de múltiples casos de desaparición forzada. Se refieren a víctimas que no fueron halladas y cuyos responsables continúan en la impunidad.
El informe completo, disponible en Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, expone alrededor de 250 desapariciones que sucedieron durante la anterior administración (2006-2012). Human Rights Watch halló evidencias de desapariciones forzadas en por lo menos 149 de esos casos. Fuerzas de seguridad federales y estatales están involucradas en estos delitos.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch América, declaró que Felipe Calderón dejó a Peña Nieto una de las “peores crisis de desapariciones en América Latina de la historia”. El funcionario añadió que no basta con indicar que se tomarán medidas para atender a las víctimas, sino que se requiere asegurar que los responsables sean sometidos ante la justicia.
Nadie se salva: el Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales han sido denunciadas por su participación en estos crímenes. En algunos casos, incluso, se considera que pudo tratarse de acciones planificadas y coordinadas.
Human Rights Watch alertó sobre la cooperación entre policías estatales y miembros del crimen organizado para llevar a cabo este tipo de desapariciones, así como para extorsionar a los familiares de las víctimas. Resaltan casos en Nuevo León, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), emitió recomendaciones al respecto.
Evidentemente, los casos reportados en el informe no son los únicos. Según cifras oficiales, los desaparecidos del sexenio anterior sumaban 5 mil. Sin embargo, El Informador descubrió –gracias a la Ley de Transparencia- que en 17 estados existían ya 40 mil 483 denuncias por extravío en 2012. El mismo año se filtró un alista de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que daba cuenta de más de 25 mil desapariciones. El 7 de enero de este año, el actual titular de la PGR, Jesús Murillo Karam declaró desconocer tal lista.
Para las autoridades es común minimizar el problema, culpar a las víctimas de su propia desaparición para justificar su inacción y carencia de investigación, de acuerdo con Human Rights Watch.
Los familiares de las víctimas no sólo encuentran el desconsuelo de no saber qué fue de sus familiares, sino que en muchas ocasiones pierden los beneficios económicos o sociales que recibían indirectamente por el vínculo con el desaparecido.
El informe ahonda sobre la ineficacia del gobierno de Calderón para atender este problema. En un principio, las autoridades negaron completamente que estas violaciones a los derechos humanos sucedieran. En el último año de administración se reconoció el problema, pero no se hizo gran cosa por corregirlos.
Dada la compleja situación, Human Rights Watch exhortó al gobierno mexicano a:
- Crear bases de datos nacionales exhaustivas y precisas sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados.
- Reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, cometidas por militares contra civiles sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria.
- Revisar la definición de desaparición forzada en la legislación federal y de los estados para asegurar que sea coherente en todo México y acorde con las normas internacionales de derechos humanos.
- Dictar un decreto por el cual se exija que todas las personas detenidas sean llevadas inmediatamente a la agencia del Ministerio Público y se indique claramente que en ningún caso los detenidos podrán ser trasladados a establecimientos militares, dependencias policiales o centros de detención clandestinos.La desaparición forzada constituye un delito “continuo” conforme al derecho internacional, dado que persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de las víctimas mientras se desconoce o se oculta cuál fue la suerte de la persona desaparecida.
La actual administración enfrenta el reto de dar solución a esta problemática que afecta a miles de mexicanos y que hasta el momento se ha mantenido en la impunidad. Mientras los responsables de los crímenes no sean consignados a la justicia, sólo cambiará el discurso, pero la realidad de los mexicanos seguirá siendo la misma.
