Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(09 de marzo, 2015).- Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, indicó que, mientras el gobierno federal continúe pretendiendo cerrar el caso Ayotzinapa utilizando una teoría “endeble, llena de lagunas e inconsistencias y un supuesto móvil inverosímil”, la disputa continuará con el colectivo de los padres de los normalistas desaparecidos el pasado mes de septiembre.
Cabe señalar que a esa evidencia “endeble”, que presentó el ex procurador Jesús Murillo Karam, se le suma algo nuevo, presentado apenas el pasado 11 de febrero ante la Procuraduría General de la República (PGR); una de las madres de los estudiantes desaparecidos recibió una llamada del celular de su hijo. La fémina preguntó “¿eres tú hijo?” y en esos momentos se cortó la llamada. Por su parte su otro hijo marcó al mismo número y consiguió que le contestaran; “¿Qué quieres?”, se escuchó del otro lado de la línea ante lo cual recibió la respuesta; “Saber dónde está mi hermano”. De nueva vez la comunicación fue terminada del otro lado de la línea.
Este hecho contradice por completo lo presentado por Murillo Karam, el pasado 26 de enero, donde aseguró tajantemente que todos los celulares, que poseían los estudiantes, fueron lanzados a la pira por parte del grupo delictivo “Guerreros Unidos” donde, supuestamente, serían arrojados posteriormente los cuerpos de los normalistas para consumirse hasta convertirse en cenizas.
Dicho celular era un teléfono inteligente de la marca Sony que además poseía un geolocalizador. Ante esto la PGR se comprometió a rastrear la llamada además de averiguar y proporcionar a la familia un compendio con todas las llamadas hechas… un mes después, y con nueva procuradora a cargo, nadie se ha encargado de cumplir lo prometido.
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A su vez Patrón indicó que Murillo dejó la crisis de derechos humanos más grande en veinte años del país y, a pesar de tener 99 detenidos, ninguno es bajo el cargo de detención forzada. “Eso es una estrategia para diluir la responsabilidad del Estado, solo por homicidio y delincuencia”.
Al preguntársele si deja montado un caso mediático y que, bajo la presión internacional, el gobierno optó por darle prioridad a los tiempos políticos, contestó: “Frente a esta teoría oficial hay un posicionamiento muy fuerte de las familias, las organizaciones que los acompañamos y sus peritos independientes, entre ellos el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Este último no desdeña totalmente la teoría de la PGR pero advierte que no es sólida. Sostiene que la tesis de la pira donde se consumieron los cuerpos no puede ser concluyente porque tiene deficiencias técnicas. Presentan argumentos que la derriban, como las evidencias de imágenes satelitales, que prueban que en el sitio del basurero de Cocula donde se supone se hizo la gran hoguera no hay solo uno sino varios eventos de fuego desde 2010. Pero además se han encontrado restos corpóreos que no corresponden a ninguno de los 43, por lo que no hay certeza de que los demás restos óseos sí sean de los estudiantes”.
Por su parte indicó que el tope de responsabilidades llega sólo a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, y a su esposa a pesar de que “en el expediente hay motivos sobrados para investigar al ex gobernador Ángel Aguirre y al ejército, simplemente porque es más que lógico pensar que la existencia de los narcomunicipios en Guerrero está vinculado con otro tipo de contubernios más allá del ámbito municipal, que puede ser estatal y hasta federal.
Hemos leído en el expediente declaraciones de miembros de “Guerreros Unidos” que dicen que el ejército sabía de la realidad de Iguala y Cocula desde 2013, cuando menos. El ejército estuvo esa noche en la clínica privada Cristina, de Iguala, donde se refugiaron algunos de los estudiantes que lograron huir. Esa misma noche, poco antes, el comandante del 27 Batallón de Infantería (coronel Juan Antonio Aranda, ya relevado del cargo) estuvo en un acto público con el alcalde. ¿Entonces, si los militares sabían, qué hicieron con esa información? Constitucionalmente el ejército debió haber dado vista y haber informado a las autoridades civiles, debió haber hecho una investigación propia sobre los hechos. Y hay que decir que se podían haber prevenido los hechos”.
Además, al cuestionársele acerca de las declaraciones de Karam, donde indicó que era mejor que el ejército no hubiera intervenido, declaró: “Lo que dijo Murillo simplemente es falso. Él dice que en el expediente no hay una sola prueba que refiera elementos para que él tuviera que investigar al ejército. Sí las hay. Hay policías municipales que aseguran que habían dado parte al ejército, que los municipios estaban tomados por el crimen organizado.
Otra cosa que deja Murillo son las omisiones en la ejecución de Arturo Hernández Cardona. Si esto se hubiera investigado probablemente los hechos de Aytozinapa no se hubiesen dado. En todo caso lo que se ve es que hay un contubernio entre las procuradurías”.
E indicó que ese es el estado que la nueva procuradora, Arely Gómez, tomará. Y en torno a esa figura se le preguntó las perspectivas que hay para ella: “ A partir de que la PGR dio a conocer su teoría, en enero, hemos visto cómo su empeño ha ido bajando paulatinamente. Han disminuido mucho el número de personas que operativamente a pie de tierra hacen investigación, peritos, ministerios públicos.
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Además, en el caso no hay un sólo plan de búsqueda. ¿Por qué la investigación se radica en la Seido y no en la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas a cargo de la subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos? Justo porque no es un espacio que tenga una relevancia institucional”.
Mientras toda esta situación se lleva a cabo no puede dejarse de lado la presencia de los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes, al inicio de la pasada semana, empezaron con una revisión minuciosa del caso y de lo que ha acontecido hasta ahora.
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Cabe señalar que dicha Comisión tendrá acceso total a todas las investigaciones de la PGR, evidencias, peritajes, etc. Además de poder entrevistarse con todos los involucrados, incluyendo a los 99 detenidos, funcionarios, testigos y víctimas. También cuentan con plena libertad de asistir al lugar de los hechos y realizar diligencias en su carácter de coadyuvantes. El tiempo para presentar su informe final es de seis meses y, en función de lo mencionado, poseen absoluta libertad para moverse a través de cómo consideren más conveniente.
Al cuestionársele lo que espera de la Comisión, Patrón contestó: “Es una oportunidad de llegar a la verdad en este caso. La expectativa es que ellos puedan construir un puente en esta disputa por la verdad y la justicia”.
