En esta segunda estación –Bandidos–, de nuestro especial del Metro, se explorará al comercio informal en el transporte subterráneo como un fenómeno económico, político, social y cultural que puede abordarse desde diferentes perspectivas, y que trasciende la esfera de lo local, para hablarnos de la problemática nacional. Estará dividido en dos entregas semanales.
Esta primera parte incluye un análisis del trabajo informal en el sistema de transporte, una analogía con escenarios fantásticos que dejan de parecer tan distantes de la realidad con respecto a la situación social de la Ciudad de México y un video reportaje con músicos y actores cuyo escenario diario es el Metro.
Trabajo informal en el Metro: entre la ilegalidad y la necesidad
Ricardo Bernal/ @RHashtag
(03 de febrero, 2014).- A partir del mes de enero las estaciones del Metro tienen nuevos inquilinos. De Observatorio a Pantitlán, cuerpos de la policía bancaria recorren las inmediaciones de la Línea 1 con el objetivo de retirar a quienes, desde hace años, laboran en el interior de los vagones.
En diciembre pasado Joel Ortega, actual director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, anunció que se canalizarían más de 500 elementos policiacos con la finalidad de “abatir el problema” que representan los llamados vagoneros. Esta decisión forma parte de los 11 puntos de mejoramiento del Metro que el Gobierno del Distrito Federal se comprometió a cumplir para justificar el aumento de dos pesos en el boleto.
Sin embargo, los comerciantes que a diario ofrecen sus productos en los vagones del Metro, no son más que la consecuencia inevitable de una política económica que en los últimos 30 años ha sido incapaz de propiciar las condiciones adecuadas para la creación de nuevos empleos.
Según el reporte titulado Panorama laboral 2012 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en nuestro país, la población con edad productiva sin empleo formal es del 59 por ciento. México ocupa el primer lugar en la tasa de trabajo informal dentro las diez economías más grandes de Latinoamérica. Es decir, nuestra economía es la más rezagada en este ámbito en la región más desigual del planeta.
A estos datos debe sumarse el 5.9 por ciento de desempleados existentes en la nación. Casi el 65 por ciento de la población económicamente activa carece de los derechos laborales que, supuestamente, otorga nuestra Constitución. Dicho de otro modo, el Estado Mexicano ha sido incapaz de garantizar un empleo digno para cerca del 70 por ciento de sus ciudadanos.
Por si esto fuera poco, en 2011 -antes de la implementación de la Reforma Laboral-, el crecimiento de los empleos tercerizados fue de 9 por ciento respecto al 2010. Con el cambio en la legislación de 2012, este aumento tenderá a incrementar de manera sostenida. Además, las estadísticas de la OIT muestran que México es uno de los países con peores índices en el crecimiento de los salarios reales con apenas un 0.1 por ciento anual.
Tal como afirma el especialista José Luis de la Cruz del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Estado de México, en las condiciones actuales ni siquiera el empleo “formal” garantiza los niveles mínimos de bienestar que, según la Declaración de Derechos Humanos, todo individuo debiera poseer.
En este contexto, la aparición de formas alternativas de organización del trabajo es una respuesta lógica ante los embates de un sistema que no genera empleos suficientes, no garantiza derechos laborales y tampoco promueve las condiciones para una remuneración digna.
La informalidad, por tanto, debe entenderse como una válvula de escape consustancial al fracaso del Estado mexicano en materia laboral durante las últimas décadas, como un elemento que, paradójicamente, e incluso al margen de la ley, logra contener las desastrosas consecuencias que, de otra forma, serían esperables de un Estado como el nuestro.
Según el académico Enrique de la Garza Toledo, el significado habitual que tanto políticos como algunos académicos atribuyen al concepto de informalidad obedece a una visión parcial de la realidad. El especialista en sistemas productivos, aclara que desde los años 70 –cuando surgió como objeto de análisis teórico- la informalidad es identificada con la falta de productividad, la desregulación y la ausencia de pago de impuestos.
Sin embargo, Garza enfatiza que esta perspectiva olvida que, también, los trabajadores informales se caracterizan por laborar sin protección social y sin poseer derecho alguno. Pero, más importante aún, son trabajadores que construyen diariamente un espacio de subsistencia que, de no existir, detonaría en un aumento masivo de criminalidad o en un incremento ineludible de los focos de miseria.
Bajo estas coordenadas, tratar de caracterizar a los trabajadores informales desde el enfoque de la criminalización supone una incomprensión radical de la insoslayable función que, nos guste o no, cumplen en una sociedad precarizada como la nuestra.
