En un comunicado, la Transportadora Silza, dueña de la pipa de gas que explotó el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, anunció que destinará “recursos adicionales” para asegurar que las personas afectadas por el trágico accidente reciban la indemnización necesaria. La empresa, que ya había presentado cuatro pólizas de seguro vigentes, manifestó su compromiso de colaborar con las autoridades para una “reparación justa, digna y conforme a derecho”.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) será el canal de comunicación para que se hagan llegar los apoyos a las víctimas y sus familias. Para ello, se ha habilitado la línea telefónica 55 4609 4432 para que los afectados reciban orientación y acompañamiento.
Síntesis del Caso y Avance de las Investigaciones
El accidente, que ha cobrado la vida de 20 personas y dejado a 31 hospitalizadas, fue provocado porque el conductor de la pipa, Fernando Soto Munguía, perdió el control de la unidad debido a que manejaba a exceso de velocidad. El vehículo, que provenía de Tuxpan, Veracruz, y se dirigía a una gasera en Tláhuac, se impactó contra un muro de contención, lo que causó una fuga de gas que, al encontrar una chispa, provocó la explosión.
A pesar de que el conductor falleció el 16 de septiembre, la fiscal Bertha Alcalde Luján ha sido enfática en que la causa penal contra la empresa Silza se mantiene. La Fiscalía está investigando las condiciones operativas y el cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa para determinar su responsabilidad.
La fiscal destacó que la empresa ya ha comparecido ante el Ministerio Público y ha mostrado disposición para aportar los recursos necesarios. Sin embargo, Alcalde Luján recalcó la importancia de que la Fiscalía sea el intermediario en los pagos y apoyos, para garantizar que las víctimas cuenten con asesoría jurídica y la información necesaria antes de tomar cualquier decisión.
Hasta la fecha, se han realizado 42 entrevistas con las familias de los afectados, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha subrayado que su administración exige la reparación integral del daño para todas las víctimas.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de un acuerdo reparatorio, lo que podría evitar un largo proceso penal, siempre y cuando las víctimas estén de acuerdo. Si no hay voluntad de las víctimas para llegar a un acuerdo, el proceso legal continuará hasta una sentencia.
