- La medida surge en un contexto de tensiones entre el Gobierno federal y administraciones urbanas tras el despliegue de miles de agentes federales en la zona de Minneapolis a finales de enero, en respuesta a protestas contra acciones de inmigración tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en operativos del ICE.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que ha dirigido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a no intervenir en las protestas que se desarrollan en ciudades gobernadas por autoridades demócratas, salvo que exista una solicitud formal de asistencia por parte de gobiernos locales o estatales, o que la propiedad federal esté bajo amenaza. La instrucción fue dada a través de una publicación en su red social, en la que precisó que la medida pretende modificar cómo se responde a las manifestaciones que han surgido en diversas urbes del país tras decisiones recientes de su administración.
Según comunicados oficiales, la orden implica que agencias como Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza se abstendrán de involucrarse directamente en protestas y disturbios en ciudades democráticas a menos que los gobiernos locales lo pidan expresamente, o cuando exista una amenaza clara contra instalaciones federales. Trump enfatizó que el rol del DHS será proteger edificios y bienes federales, lo cual se mantendrá como prioridad, pero que las autoridades locales deben asumir la responsabilidad de gestionar el orden público en sus jurisdicciones.
La medida surge en un contexto de tensiones entre el Gobierno federal y administraciones urbanas tras el despliegue de miles de agentes federales en la zona de Minneapolis a finales de enero, en respuesta a protestas contra acciones de inmigración tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en operativos del ICE. Las movilizaciones, que se replicaron en varias ciudades, habían generado críticas hacia la intervención de fuerzas federales sin el consentimiento de gobiernos locales.
Líderes municipales de grandes urbes como Chicago han respondido con iniciativas propias para enfrentar lo que consideran actividades ilegales de agentes federales, ordenando investigaciones y protocolos para documentar posibles violaciones de derechos durante redadas, lo cual subraya la fricción entre autoridades locales y la Casa Blanca en materia de seguridad y aplicación de la ley.
La nueva directiva implica un ajuste en la política federal respecto a protestas y disturbios, establecido en un marco de creciente debate sobre el alcance de la participación de agencias nacionales en asuntos internos de ciudades gobernadas por partidos políticos diferentes al Ejecutivo federal. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha publicado una guía detallada sobre cómo se evaluará cada solicitud de asistencia, ni qué criterios se usarán para decidir la intervención en casos específicos; sin embargo, la orden representa un cambio claro en la estrategia de Washington respecto a la colaboración entre niveles de gobierno para abordar protestas sociales.
