La secretaria de Energía, Luz Elena González, anunció que este viernes 3 de octubre se publicarán en el Diario Oficial de la Federación dos normas emergentes que reforzarán la regulación en materia de distribución y transportación de gas licuado de petróleo (gas LP). Estas disposiciones complementarán la norma vigente y buscan elevar los estándares de seguridad industrial y operativa en el manejo de combustibles tras los hechos ocurridos en el Puente de La Concordia en Iztapalapa.
Actualmente existe la NOM-EM-007-ASEA-2010, que regula de forma conjunta transporte y distribución de gas LP. Con las nuevas disposiciones, cada actividad contará con un instrumento normativo específico: la NOM-EM-006-ASEA-2025 para transporte y la NOM-EM-007-ASEA-2025 para distribución.
Entre los principales cambios, se incluye la obligación de certificar el cumplimiento de programas de mantenimiento, así como la presentación periódica de pruebas de presión hidrostática en contenedores, además de las inspecciones visuales ya previstas en la norma vigente. Asimismo, se establecen requisitos de capacitación técnica y práctica para los operadores, avalados mediante un estándar de competencia especializado en seguridad industrial.
Otra de las medidas será la instalación de gobernadores de velocidad y sistemas de geolocalización (GPS) en todas las unidades, con el fin de monitorear patrones de conducción y reducir riesgos.
En cuanto a los plazos, la norma de transporte dará un periodo de cuatro meses para que todas las unidades acrediten su cumplimiento. En el caso de distribución, aquellas con capacidad mayor a 5 mil litros y antigüedad mayor a diez años deberán ajustarse en cuatro meses, mientras que el resto contará con hasta seis meses.
De forma paralela, se implementará un programa de inspecciones conjuntas entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional de Energía y la ASEA, con el fin de verificar condiciones mecánicas, permisos y cumplimiento normativo de las unidades.
Según González, con estas medidas se avanza hacia un esquema regulatorio en el que el transporte y la distribución de gas LP dejan de ser considerados únicamente un tema de tránsito, para ser reconocidos como asuntos de seguridad industrial y ambiental.
