- El operativo forma parte de una estrategia integral de seguridad penitenciaria impulsada por el gobierno federal, orientada a recuperar el control total de los centros de reclusión y a garantizar que estos cumplan su función de reinserción social.
Un total de 25 personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad fueron trasladadas de centros penitenciarios de Michoacán a distintos penales federales, como parte de un operativo coordinado entre el Gobierno de México y autoridades estatales para fortalecer la seguridad y el control en el sistema penitenciario, informaron fuentes oficiales.
El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con el objetivo de desarticular posibles redes de influencia criminal que operaban desde los centros de reclusión estatales.
Las autoridades señalaron que los internos fueron reubicados en centros federales de alta seguridad, donde se cuenta con mayor capacidad operativa, vigilancia especializada y controles reforzados, lo que permite reducir riesgos de autogobierno, extorsión y coordinación de actividades ilícitas desde prisión. La medida también busca generar condiciones de mayor estabilidad y gobernabilidad en los penales de Michoacán.
El operativo forma parte de una estrategia integral de seguridad penitenciaria impulsada por el gobierno federal, orientada a recuperar el control total de los centros de reclusión y a garantizar que estos cumplan su función de reinserción social, sin convertirse en espacios de operación del crimen organizado. En los últimos meses, se han realizado acciones similares en otras entidades del país como parte de un enfoque preventivo y correctivo.
Autoridades federales destacaron que estas decisiones se toman con base en análisis de riesgo y en coordinación con los gobiernos estatales, priorizando siempre el respeto a los derechos humanos y el debido proceso de las personas privadas de la libertad.
Con este traslado, el gobierno federal reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad pública, reducir la incidencia delictiva y garantizar la estabilidad en los sistemas penitenciarios, como un componente clave de la estrategia nacional para la construcción de la paz en el país.
