(22 de Septiembre, 2015).- El Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, declaró infundada la apelación promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la demanda impuesta por los alumnos de la escuela secundaria Nicolás Bravo, para exigir la construcción de un nuevo plantel, por lo que la acusación procede por parte de los quejosos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que con los recursos que se obtengan de los Certificados de Infraestructura Educativa se atenderá a la escuela de la comunidad de Guerrero.
Los padres de familia y alumnos con el apoyo de la organización Mexicanos Primero implementaron una acusación colectiva para demandar una escuela de calidad, sin embargo, la PGR la impugnó con el argumento de que los demandantes no son consumidores, pues reciben un servicio público de manera gratuita y no de una escuela privada.
La abogada de Mexicanos Primero, Teresa Aguilar, aseguró que la acción colectiva seguirá adelante.
“No pueden hacer responsables a los padres de familia por la construcción de la escuela. Lo que de entrada está mal es que se autorice la escuela, y los niños llevan dos años ahí, sin tener escuela” dijo la defensora legal de los padres de familia.
“No creemos que exista ese acuerdo, pero no creo que exista dado que la Secretaría de Educación de Guerrero no lo presenta como prueba. Además, la obligación de construir la escuela es del Estado y no de los padres de familia” declaró la abogada de Mexicanos Primero.
El tribunal unitario confirmó el auto del 28 de julio de 2015, dictado por el juez Décimo de Distrito en Chilpancingo, Jacinto Figueroa Salmorán, en el expediente 1/2015, quien certificó que la demanda reúne los requisitos que el Código Federal de Procedimientos Civiles impone a este tipo de acciones colectivas.
La acción colectiva seguirá con el trámite correspondiente, como parte del cual varias autoridades demandadas han presentado sus contestaciones a Aprender Primero.
Si no hay convenio, el juez abrirá el juicio a prueba, y eventualmente dictará sentencia, condenando o absolviendo al Gobierno federal de las prestaciones que fueron reclamadas. Este proceso tomará, por lo menos, unos seis meses.
