El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó de manera definitiva la petición de la organización “Viva México”, con la cual se buscaba frenar la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el origen y destino de los recursos que utilizó el actor y político conservador Eduardo Verástegui durante su aspiración a la candidatura independiente por la Presidencia de la República.
La controversia financiera en torno al aspirante comenzó formalmente en febrero de 2024, cuando el INE modificó una multa inicial de 1 millón 381 mil pesos por irregularidades en la recopilación de firmas ciudadanas, reduciéndola a solo 144 mil pesos tras argumentarse que Verástegui no contaba con la “capacidad económica” para solventarla.
No obstante, las alarmas de fiscalización se encendieron de forma paralela. A pesar de que el político afirmó que los fondos inyectados a su proyecto provenían de cuentas personales en el extranjero, la legislación mexicana prohíbe estrictamente el ingreso de dinero del exterior para el financiamiento de campañas o procesos políticos nacionales.
Ante esto, el órgano electoral abrió un procedimiento oficioso tras detectar aportaciones “dudosas” estimadas en 390 mil dólares (aproximadamente 6.9 millones de pesos).
La ruta del dinero y la triangulación de recursos
Las indagatorias de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revelaron que el capital bajo sospecha provenía de Partner 305 LLC, una consultora política con sede en Miami, Estados Unidos, dirigida por el estratega costarricense Danny Quirós, conocido en la región por su participación en procesos como el plebiscito en Chile y campañas electorales en Argentina.
De acuerdo con el desglose financiero del Instituto, el esquema operó mediante dos movimientos financieros principales. En primer lugar, Verástegui recibió de la firma Partner 305 LLC la cantidad de 75 mil dólares, de los cuales canalizó inmediatamente 50 mil dólares a la organización civil que impulsaba su aspiración.
En segunda instancia, bajo la misma dinámica de triangulación, el actor transfirió otros 340 mil dólares provenientes de la misma consultora hacia su asociación.
Debido a la gravedad de los hallazgos y ante el posible delito de financiamiento ilícito, el INE dio vista de manera formal al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que inicien sus propias auditorías.
Tribunal descarta caducidad del caso
En su defensa jurídica, Eduardo Verástegui acusó al INE de caer en la omisión y alegó que el procedimiento en su contra ya había caducado. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Electoral desecharon los argumentos de manera unánime, confirmando que las indagatorias han avanzado de manera legal y constante.
“Son infundados los agravios relativos a la omisión y a la caducidad, porque de las constancias del expediente se advierte que, desde el inicio del procedimiento en abril de 2024 y hasta junio de 2026, la autoridad ha desplegado de manera continua diversas diligencias de investigación, las cuales incluso motivaron la ampliación de las conductas para llegarse de más información”, puntualizó la resolución judicial.
Con este fallo, las autoridades electorales y fiscales tienen vía libre para emitir una sanción definitiva en los próximos meses.
