Por: Zazil Carreras
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“Si ciertos actos de violación de tratados son crímenes, se trata de crímenes, sin importar que los cometan Estados Unidos o Alemania. No estamos preparados para estipular una norma de conducta criminal contra otros que no estemos dispuestos a invocar contra nosotros.”
Esta frase fue pronunciada por Robert H. Jackson, Fiscal en Jefe durante los Juicios de Núremberg en 1946. Años más tarde, esta misma cita sería la inspiración para el surgimiento de uno de los tribunales públicos más importantes en la historia moderna: el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, también conocido como el Tribunal Russell o Tribunal Russell-Sartre.
Este organismo público fue establecido, como su nombre lo indica, por el filósofo británico Bertrand Russell y secundado por el filósofo y dramaturgo francés Jean-Paul Sartre y contó con la participación de personalidades como Julio Cortázar, Ken Coates y Ralph Schoenman, todos trabajando con una sola meta: evaluar e investigar la política exterior estadounidense y la intervención militar que este país realizó en Vietnam tras la derrota de las fuerzas francesas durante la batalla de Dien Bien Phu en 1954.
A lo largo de la historia se han presentado otros ejemplos como el ya mencionado, en donde el Estado y el Derecho son puestos al servicio de intereses sectoriales y, en algunos casos, han sido convertidos en instrumentos de opresión en contra de los pueblos que luchan por recuperar sus derechos fundamentales que incluyen también el derecho primordial a la vida digna.
Lelio Basso supo percibir lo que estas situaciones significan en un mundo contemporáneo y, como abogado comprometido, tomó la iniciativa de crear un organismo que pudiera actuar en favor de los pueblos oprimidos.
Es bajo este antecedente histórico que en 1979 surge el Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad ética y moral provenientes de diversos países, disciplinas, religiones e ideologías que, en conjunto, examinan las causas de la violación a los derechos fundamentales de los pueblos y determinan si, en efecto, han sido violados y, de ser así, denuncian ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones.
En enero de 2012, un grupo de personalidades y organizaciones sociales convocaron a la realización de un Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México, con el objetivo de hacer visibles de manera nacional e internacional, las violaciones a derechos humanos que se cometen en el país, de manera sistemática y con la venia del gobierno federal, amedrentado por el gobierno estadounidense y por diversas empresas trasnacionales que actúan en contra de la sociedad mexicana.
En octubre del 2011, en la Ciudad de México quedó formalmente establecido el TPP en su capítulo México, que aborda «Libre Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y Derechos de los Pueblos» a través de siete ejes temáticos entre los cuales se encuentra el Eje «Guerra Sucia como violencia, Impunidad y falta de acceso a la Justicia».
Este eje aborda el tema desde la violencia estructural que el Estado mexicano ejerce en contra del pueblo de México hasta la violencia dirigida en contra de diferentes expresiones de la manifestación y la protesta social.
Los temas del Eje son: El proceso de militarización y paramilitarización, la práctica sistemática de la tortura, la detención arbitraria o ilegal, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, las masacres, las fosas comunes, la prisión por motivos políticos, la criminalización de la protesta social y otras graves violaciones a los derechos humanos.
A finales de mayo del 2012 se realizó, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Audiencia General Introductoria: Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México 2011-2014, y se emitió el primer dictamen por parte de los jueces internacionales que estuvieron presentes en la Audiencia.
Este dictamen es un escrito elaborado de forma colectiva que busca incentivar la discusión sobre los temas que contiene, así como analizar, sistematizar y dar a conocer a la sociedad las políticas económicas neoliberales que se han implementado en el país durante los últimos 30 años.
Por un lado, trata de establecer la relación entre libre comercio y violencia estatal y por otro, la relación entre violencia estructural y la violencia dirigida en contra de la inconformidad y organización social.
Si bien el documento fue aprobado en la primera audiencia, aún no se encuentra terminado. A pesar de que se entregó a los jueces internacionales en la Audiencia Introductoria de Ciudad Juárez, es necesario que el documento sea retomado, discutido y nutrido con las experiencias de los diferentes movimientos sociales en los últimos meses, experiencias tales como lo sucedido el 1° de diciembre en San Lázaro, en donde de nueva cuenta se exhibió el nivel de represión policial a la que se encuentran sujetos los mexicanos a nivel local y federal.
La audiencia final del eje Guerra Sucia, con la presencia de los jueces internacionales, se llevará a cabo en marzo del 2014. Durante el año en curso, se realizarán foros temáticos, talleres, encuentros y pre audiencias para fortalecer el proceso a fin de que se generen fundamentos sólidos y documentados que permitan demandar al Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo.
