(20 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El túnel sumergido de Coatzacoalcos, Veracruz, fue un proyecto de ingeniería que se presentó como ‘una obra sin precedente en el país y toda Latinoamérica, ya que solamente existen proyectos similares en Suecia y Corea’.
Dentro de sus beneficios, se afirmó que permitiría mayor impacto económico y acceso directo a zonas estratégicas del estado de Veracruz. Y se describió como un túnel que contaría con 1.6 kilómetros de longitud, acondicionado con cuatro carriles (dos por sentido), y una conexión a la zona industrial petroquímica más importante del país, ubicada en Villa Allende, con el puerto de Coatzacoalcos, el de mayor potencial de crecimiento en el Golfo de México, y pilar del corredor transístmico Coatzacoalcos-Salina Cruz.
Según el diputado Juan Bueno Torio dicho proyecto es ‘una vergüenza para los veracruzanos’, debido a que es una obra que dio inicio en el 2006 y lleva 9 años no solamente sin ser terminada, sino que también fue detenida, aumentando de mil 500 millones de pesos, su inversión inicial, a casi 5 mil millones.
El motivo por el cual la construcción del proyecto no siguió su avance, a decir por el legislador, es que se oxidó un cuerpo del túnel, el cual tiene un costo de aproximadamente 250 millones de pesos, y afirma: ‘esperemos que reparen el daño, sino la tardanza seguirá por años.”
Bueno Torio asegura que es imposible que la obra esté construida antes de que finalice 2015, agregando que se debe dar inicio a una investigación profunda y fincar responsabilidades, destacando que se debe tomar el cuenta el dictamen que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo resultado fue negativo, al encontrar desvíos de recursos en dicha construcción.
En el documento que presentó la ASF, el gobierno de Veracruz no cumplió con el Gasto Federalizado, que contenían 21 disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuesto, licitación-contratación, ejecución y pago.
Es así como no se obtuvieron las licencias de construcción, se suscribió un contrato de autorización con la concesionaría sin que se haya prorrogado la vigencia que le dé certeza jurídica a las partes; no se comprobó que el proyecto ejecutivo incluyera la responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables en Diseño Urbano, Arquitectónico, y en Seguridad Estructural e Instalaciones y no se ejerció el capital de riesgo, además se manifestó insuficiencia de recursos para la continuación de la obra; y se remarca la omisión por parte del gobierno ante la concesionaría por incumplir con el programa de trabajo.
Es así como la calificada ‘obra sin precedentes’ se encuentra abandonada, además de que la Gerencia Especializada de Proyecto autorizó 119 millones 111 mil pesos, sin comprobarse documentalmente y 77 millones 436 mil pesos por conceptos adicionales como bonos, sin el sustento técnico que justifique su autorización y gastos no recuperables de septiembre de 2004 a febrero de 2007, que estaban incluidos en el alcance del proyecto ejecutivo.
El Comité Técnico autorizó un pago por 6 millones 168 mil pesos de la prestación de servicios de supervisión que realizó un ingeniero independiente con recursos que se asignaron para construir el proyecto y para mantenimiento del Puente Coatzacoalcos I, sin embargo, el proyecto no cumple con los parámetros mínimos de calidad ni en cuanto al material para la obra, ni en procedimientos constructivos, y tampoco en seguridad estructural y vida útil de servicio.
La ASF sentencia que, “el proyecto y diseño estructural está incompleto, y no se cumplió con lo establecido en las normas nacionales e internacionales en materia de calidad del acero de refuerzo. Además de que se asignaron tres contratos para trabajos en el Puente Coatzacoalcos I, por 87 millones 475 mil pesos sin que exista una justificación legal para la adjudicación directa de los mismos, ni un programa o plan específico de obras de mantenimiento y rehabilitación de dicho puente”.
A lo anterior se suman las afectaciones que han sufrido 10 familias, en los últimos años, quienes reclaman la reparación de sus casas después de haber sido ‘gravemente’ dañadas, esto luego de dar inicio a la obra del túnel sumergido, ya que las construcciones comenzaron a agrietarse y las paredes comenzaron a caerse a pedazos, lo anterior empeoró en los primeros dos años, por lo que tuvieron que abandonar sus propiedades.
Como consecuencia los afectados tienen poco más de 7 años rentando, perjudicando severamente la economía familiar, es por ello que los vecinos de la colonia Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo se han manifestado en innumerables ocasiones, teniendo la presencia por mayoría de personas de la tercera edad, quienes además de la reparación de daños piden se reabra el tránsito sobre una de las avenidas principales que conecta el área sur y norte de la colonia, expusieron que debido a unas rejas que la empresa constructora colocó, ellos se encuentran incomunicados.
En innumerables ocasiones han cuestionado al gobernador, qué pasaría si hubiera un incendio, pues los que se atrevieron a quedarse están en constante peligro.
Enrique Barita habitante afectado afirma: “a nosotros nos dijeron que la obra iba a durar tres años, ya pasaron ocho y ni avanzan y mucho menos terminan, nuestras casas se están cayendo a pedazos, ya no sabemos qué hacer, nadie da la cara, desde los dos años nos prometieron que nos indemnizarían, eso jamás pasó y hoy los que nos quedamos dormimos con miedo, porque o se cae por un temblor o de plano sin necesidad de uno, de ese tamaño es el riesgo”.
Los comerciantes del mercado 12 de noviembre también han sido afectados, y afirman que la ‘magna obra’ ha traído como consecuencia que también sus instalaciones sufrieron daños, lo que provocó que los clientes, por temor a sufrir un accidente, prefieran dejar de frecuentar el lugar, dañando así los ingresos de los comerciantes, quienes aseguran que no pueden ni pagar las rentas de sus locales, además de padecer la pérdida de sus productos, los cuales caducan sin ser comprados.
Otro grupo perjudicado por el proyecto del túnel son los transportistas, quienes participaron en trabajos de acarreo en la obra. Ellos padecen el no haber podido cobrar sus servicios, ya que los encargados de pagos no les han resuelto cuándo ‘habrán’ ingresos para saldar deudas, entre todos los que participaron reúnen una cantidad de 7.5 millones de pesos.
Alberto Ruiz, presidente de la Alianza de Transportistas de Veracruz, comenta que sus compañeros perdieron sus unidades, ya que éstas fueron embargadas al no poder finiquitar su pago, pues sus ingresos los invirtieron en la participación de la obra, además les fueron retiradas las concesiones.
“Aún cuando un organismo tan importante como la ASF ha demostrado que el gasto del túnel es exorbitante y por ello tienen la obligación de seguir adelante y con ello pagarnos, parece que las autoridades locales y estatales no pretenden hacerlo. Esto es un claro ejemplo de corrupción, porque con lo invertido en esta obra ya se hubieran hecho por lo menos tres puentes, como el Coatzacoalcos I, para darle mayor conexión a la zona sur-sureste, hubiera sido más práctico y además benéfico para la Federación, por la captación de recursos por pago de cuota”, afirma Ruiz.
Y aseguró: “esa obra era un gasto inútil, porque el tránsito vehicular no incluye acceso a unidades pesadas. Más hubiera valido un puente en la comunidad de La Concha, en Minatitlán, lo que hubiera ayudado en gran manera a que los pequeños productores pudieran fácilmente transportar sus productos (ganado y agropecuarios) a otros puntos de mayor afluencia para su comercialización, pero jamás se piensa en el de abajo, sólo se trata de que los políticos presuman y exhiban lo que no hacen”.
En días pasados, el Fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, afirmó que no se procederá contra el incumplimiento de contrato en el caso del Túnel Sumergido, solamente se analizará si la controversia puede ser resuelta o dirimida desde Ministerios Públicos en el ámbito del derecho penal, o con tribunales del derecho privado, desde una controversia del derecho civil, sin que exista un delito grave el cual perseguir.
