Érika Paz (enviada especial) / @paz_eri
(06 de enero, 2014).- La persecución de algunos líderes sociales, activistas y defensores de derechos humanos en Oaxaca no puede desligarse de lo ocurrido en 2006 y la gran represión que vivió el pueblo a manos del ex gobernador Ulises Ruiz. Desde entonces gente ligada a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) ha vivido amenazas, amedrentamientos, campañas de desprestigio mediático, encarcelamientos e incluso desapariciones forzadas.
Un ejemplo es el caso del profesor Gustavo Adolfo López Ortega, quien ha solicitado asilo político a Venezuela, Grecia, Francia y España, luego de que en febrero de 2014 fuera señalado como integrante del Ejercito Popular Revolucionario (EPR), asimismo ha sido víctima de amedrentamientos y amenazas directas.
“En febrero de 2014, la revista “Mujeres”, que dirige Martínez de Aguilar en Oaxaca, publicó un artículo y ahí me hace mención por primera vez de estar vinculado con el EPR”, narra el maestro Gustavo Adolfo López, integrante de la dirección del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO.
Este artículo es retomado por los diarios La Crónica y El Financiero e incluso Carlos Loret de Mola hace mención de él. Por su parte López Ortega, quien formó parte de la APPO en 2006, indica que; “nosotros evaluábamos esta situación como una práctica común del estado hacia la sección 22, que se trataba de una serie de borregazos, mediante una serie de artículos para desprestigiar al movimiento, específicamente a la sección 22”.
Desde el surgimiento de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sus dirigentes han sido vinculados con el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y con el Partido de los Pobres en los 70 -ambos extintos-. Por su parte al maestro Enedino Jiménez Jiménez lo vincularon con la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), cuando salió electo de la sección en el año 86 y al maestro Fernando Soberanes lo vincularon con el Frente Farabundo. Era una constante vincular con grupos armados a los maestros de Oaxaca.
El señalamiento mediático, dirigido a Gustavo Adolfo López, se atribuyó a la solidaridad que la Sección 22 ha mostrado con Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del EPR, desparecidos desde mayo de 2007.
“Independientemente de la praxis política de los compañeros del movimiento, para nosotros siguen siendo principios el respeto a la vida y el respeto a la militancia de cualquier compañero, así sea un priista que esté desaparecido por razones políticas, nosotros vamos a exigir la presentación con vida, porque en este país no pueden desaparecer los compañeros por ninguna razón”, señala Gustavo Adolfo.
La información que vinculaba a López Ortiz con el EPR fue desmentida por el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) y por el Partido Comunista, mediante un comunicado, además se ofreció una rueda de prensa al respecto en marzo del año pasado en la ciudad de Oaxaca.
Sin embargo la madrugada del 14 de mayo, cuando Gustavo Adolfo regresaba a su casa, se encontró con un hombre encapuchado y armado que tomaba fotografías de su hogar. Al percatarse de este hecho, el chofer del auto donde viajaba López Ortega, se siguió de largo y se estacionó frente a otra casa mientras que el otro sujeto abandonó el lugar a bordo de una camioneta pick up, sin placas.
A la mañana siguiente Gustavo Adolfo se comunicó con el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, y el procurador de Justicia del Estado, Héctor Joaquín Carrillo. El agraviado interpuso las denuncias correspondientes y a los 15 días las dependencias le comunicaron que no hay ninguna orden judicial en su contra.
“Pero para esos días ya había sucedido otro incidente; en la camioneta de la organización voy a dejar un tanque de gas a la oficina, me acompaña mi compañera, lo dejamos y nos arrancamos inmediatamente, tenía un asunto familiar que atender, no pasaron ni cinco minutos cuando un compañero encargado de la oficina me habla y me dice; profe, tenga cuidado”, explica López, quien también es miembro del comité central del Partido Comunista de México (PCM).
Gente armada a bordo de dos camionetas, una blazer y una pick up verde obscuro, se estacionaron frente a las oficinas de la FIR: “uno de ellos pega el brinco, según mi compañero, se va corriendo hasta la esquina de la calles, observa y se regresa corriendo y alcanzo a escuchar que dice ‘ya se fue, ya se fue, no está’”.
La PGJE y la delegación de la Procuraduría General de la República (a cargo de Elva Alicia Sánchez) le notificaron que no hay ninguna averiguación civil o penal en su contra en ese momento. El 10 de junio López solicitó medidas cautelares ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), al día siguiente, el subsecretario federal de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, le ratificó a López en la Ciudad de México “que no hay nada” en su contra.
“Miranda se comunica con el director del Ímaz, (Eugenio Ímaz Gispert) del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y éste me canaliza hacia un funcionario, Oscar Monroy, me entrevisto con él y me notifica que van a realizar una investigación, pero que de entrada el CISEN no tiene iniciada una averiguación en contra mía por el asunto del EPR”, narra López.
A finales de junio Oscar Monroy le informó que: “hemos solicitado información a fuerzas armadas, Ejército y Marina, y estos nos notifican que no hay nada que lo vincule con el EPR”. Los meses de julio y agosto transcurrieron sin incidentes.
En los primeros días de septiembre un vecino, del fraccionamiento de interés social donde vivía hasta entonces Gustavo Adolfo, le comunicó al maestro que dos hombres a bordo de una camioneta, identificados como de la PGJE de Oaxaca, lo buscaron en el fraccionamiento. En sus manos portaban una fotocopia ampliada de la IFE de López y expresaron que “el profe” tenía una orden de presentación “por un asunto de una comunidad”, sin embargo, el vecino reconoció a uno de ellos como un ex judicial de nombre “Arturo”.
Ante este hecho, López se entrevistó nuevamente con el procurador y el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, quienes le dijeron por separado que investigarían su caso. “Viene el tema de Ayotzinapa, nosotros como organización fijamos posición porque nosotros somos parte de la presidencia colectiva de la Asamblea Nacional Popular (ANP), en la figura del compañero Marco Benicio, y vienen los dos artículos de Proceso”.
Gustavo hace referencia a los reportajes publicados en la revista Proceso, en el mes de octubre, que señalan –con base en un documento oficial del gobierno federal fechado el 15 de octubre de 2014– a ocho activistas presuntamente ligados con “grupos subversivos, entre los que se encuentra “Gustavo Adolfo López Ortega, del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), a quien se identifica como ‘uno de los mandos principales del EPR en Oaxaca’”, (Proceso, 1983).
Información igualmente desmentida mediante una carta enviada a la dirección del semanario, publicada el 27 de diciembre, por parte de Gustavo Adolfo López Ortega, Filiberto Meza Prieto, Augusto Reyes Medina y Nicodemus Baltazar Vázquez, miembros activos de la sección XXII del SNTE y militantes de la CNTE.
“El 7 de noviembre me habla mi compañera sumamente alterada”, quien le refiere que alrededor de las 8 de la noche dos hombres se presentaron en su domicilio, uno de ellos le dice: “‘Gustavo Adolfo ¿dónde está?’”. Mi compañera le responde: “pues no lo conozco, aquí no vive”. Le dicen “‘no te hagas pendeja hija de tu puta madre, sabemos que eres su mujer, o nos dices dónde vive o te rompemos la madre ahorita mismo’”.
Detrás de ella salieron sus tres hijos de 7, 6 y 2 años de edad. “Sin que se diera cuenta mi señora, la siguió todo el ‘pollerío’ por curiosidad. (Los hombres) agarran la reja, empiezan a sacudirla, los niños empiezan a gritar, Sandra reacciona, y se mete con mis hijos a la casa”.
Los vecinos del fraccionamiento señalaron después que los hombres traían en sus manos un papel, “supongo que era la IFE otra vez”. Gustavo Adolfo y su familia salieron del estado. El 19 de noviembre se reunió con la comisionada para la Atención de los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas, el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Juan Rodríguez Ramos, y funcionarios de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno y PGJE. Fue hasta entonces que se le brindaron las primeras medidas cautelares blandas que constan de un rondín cada 24 horas.
A raíz de estos acontecimiento se estableció comunicación con el gobierno de Venezuela, a través del Partido Comunista de México, así como con los eurodiputados de los partidos Comunista, “Griego, Belga, Francés y Español, y se solicita formalmente la posibilidad del asilo político”, expresa el maestro formado en la Normal de Huajuapan, en Oaxaca.
El 11 de diciembre el subsecretario de Gobernación, Miranda Nava, declara: “categóricamente me vuelve a repetir lo mismo: que no es el gobierno federal, que no hay ninguna averiguación, que no hay evidencia documental que me vincule con el EPR”, en presencia de Miguel Álvarez de Servicios y Asesoría para la Paz y la dirección de la FIR. “Lo que sí me informa es que hay un expediente que tiene que ver con los hechos del 2006”, afirma Gustavo Adolfo.
Revolución TRESPUNTOCERO: ¿Estos señalamientos y amedrentamientos tienen alguna relación con lo ocurrido en 2006?
Por supuesto que sí, a mí ya me quedó muy claro. En este momento, sin estar seguros y sin dar nombres, esto que nos está sucediendo a varios compañeros del movimientos social tiene que ver con la instalación de la Comisión de la Verdad (encabezada por el Padre Alejandro Solalinde instalada recientemente por presión de la Sección 22).
Hay una estructura paralela en Oaxaca que está haciendo estas cosas y que tienen que ver con los principales responsables de lo que pasó en el 2006 […]. Estoy convencido que se ha desatado en Oaxaca un proceso que va a pretender desestabilizar al gobierno del estado a través de pegarle a la gente del movimiento, para que la Comisión de la Verdad no realice correctamente sus trabajos y sobre todo porque está planteando la Comisión rendir su informe en el 2016.
Eso (las amenazas y hostigamientos) es grave, porque las fuerzas que reprimieron en 2006 al pueblo de Oaxaca están presentes, van a jugársela con todo para el 2015 y van a apostarle todo o nada para el 2016, quieren recuperar a como dé lugar Oaxaca.
Revolución TRESPUNTOCERO: ¿Quiénes representan esas fuerzas, en este momento?
Me refiero a la generalidad de la gestión pasada del ex gobernador, Ulises Ruiz. Sería muy irresponsable de mi parte caldear un ambiente muy movido, muy sensible y que empieza a tener una verdadera preocupación de lo que pueda pasar. Están en riesgo mi familia y muchas cosas, porque además nosotros debemos de mantenernos totalmente alejados, para que la Comisión de la Verdad trabaje con plena autonomía, plena libertad y sobre todo para que cumpla con su contenido.
