El nombre de Grupo Salinas vuelve a resonar con fuerza en Manhattan luego de que el juez de Distrito Sur de Nueva York, Paul G. Gardephe, publicara una orden que indica que TV Azteca y 39 filiales deben presentar una moción de desestimación o suspención de la acusación en su contra interpuesta en la Corte Suprema del Estado de NY.
Esto, a la espera de que se resuelva el proceso en un arbitraje privado con sus acreedores encabezados por The Bank of New York Mellon. Este caso se ha extendido por meses en los tribunales estadounidenses, mientras los acreedores internacionales de Grupo Salinas reclaman una deuda que supera los 580 millones de dólares.
A la par, este miércoles también tanto las empresas del conglomerado que preside Ricardo Salinas Pliego, como sus acreedores deben presentar sus planes de cara a que se concrete el inicio del juicio propiamente, que los acreedores buscaban iniciar a más tardar el 5 de diciembre.
Una deuda que creció tras 8 años
Además de los adeudos fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), reclama a Grupo Salinas por contribuciones que datan de hace 17 años, el conglomerado enfrenta las consecuencias legales y económicas de no haber pagado una deuda en bonos que emitió en 2017.
Al paso ya de ocho años, esa emisión que era de 400 millones de dólares, ahora se estima en 580 millones, según los acreedores de la empresa.
Pese a lo tenso del panorama, la orden presentada por el juez estadounidense también abrió la puerta a una suspensión del proceso si las partes logran avanzar en el arbitraje privado que mantienen con sus acreedores.
ue también iniciaron un procedimiento de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial contra el Estado mexicano, por los impagos de Grupo Salinas.
Dicho arbitraje se lleva a cabo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial especializado en disputas internacionales entre inversionistas y estados.
De consolidarse, este procedimiento podría servir como una válvula de escape para que el conglomerado mexicano evite un juicio público en Estados Unidos.
