Angely Vanessa Amezcua Chávez / El Barzón
(25 de julio, 2014).- El 5 de enero de 2014, Enrique Peña Nieto informó que se impulsaría una profunda reforma al campo para hacerlo competitivo. El trabajo realizado para dicha reforma ha quedado, en afán de que sea participativo, sólo en foros de consulta a nivel nacional, donde han asistido organizaciones de productores, productores, organizaciones privadas, académicos y diferentes órdenes de gobierno, que con escasos tres minutos por cada participación, reflejan inoperancia y sin sentido para esta nueva reforma al campo.
Lo preocupante no es sólo que el gobierno no tome de verdad en cuenta la opinión de los que trabajan el campo, sino que a pesar de la realidad de lo que México y sus ciudadanos necesitan, el gobierno mexicano no ha hecho nada por crear verdaderas políticas integrales en reconocimiento a estas necesidades.
Y si bien, existe también un comité de diálogo entre representantes de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el legislativo y organizaciones sociales para la elaboración del acuerdo, se requiere de un gran esfuerzo y la necesidad de llegar al acuerdo de crear de forma inmediata una legislación actualizada e integral, coherente y eficaz.
Este Acuerdo Marco debe expresarse en decretos del poder ejecutivo, en los que se expresen acuerdos entre los representantes de las comisiones del Congreso de la Unión, las organizaciones sociales y privadas de los productores, los gobernadores del país y el gobierno federal. Los decretos diseñarán los cambios fundamentales en la política alimentaria y de desarrollo social. Los decretos deberán determinar la política para los próximos cuatro años.
Se espera que los mexicanos seamos en su totalidad consumidores de productos provenientes de nuestro campo, sin embargo 45.5 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y 11 por ciento viven en pobreza extrema y paradójicamente a pesar de la carencia alimentaria muchos de ellos padecen sobrepeso y obesidad.
La mala e ineficaz política que actualmente se rige para el campo se debe por un lado, a la mala distribución de recursos para la producción de alimentos, donde se concentra riqueza para unos cuantos y el dinero se gasta para importar alimento de otros países en lugar de distribuirlo en nuestras tierras para fortalecer nuestra soberanía y seguridad alimentaria.
Otro problema está en la diferencia de precios pues mientras los acaparadores y comercializadores le pagan cuatro pesos por un kilo de frijol al productor, ese mismo kilo, el consumidor lo obtiene a 16 pesos. Aunado a ello, están los altos precios a los insumos para la producción como fertilizantes, diesel, energía eléctrica, semilla y escasa infraestructura que no permiten rentabilidad en la producción.
Si faltara más, con los megaproyectos mineros y energéticos se pone en riesgo el patrimonio territorial de las comunidades indígenas y campesinas pues con las leyes secundarias de la reforma energética que permiten concesiones de bloques de 20 mil kilómetros cuadrados para la producción de hidrocarburos, arrastran consigo problemas de despojo de tierras y de agua por encima de la producción de alimentos y de consumo humano.
Finalmente y no menos importante está la concentración y poder del mercado de los alimentos y la canasta básica en unas cuantas empresas que provocan la poca innovación, disminución de rendimientos y una escasa competitividad.
Por ejemplo sólo cuatro empresas controlan la compra y comercialización del maíz, Maseca, Minsa, Cargill y Almer. La compra y la comercialización de frijol están bajo el control de Abeto, Valle Verde, Almer, Digrava, el Alazán y el Rocío. En el mercado de carne de pollo los niveles de concentración permiten que Bachoco, Pilgrims Pride y Tyson sean los dominantes absolutos y tengan el control del alimento balanceado y de las ventas finales.
Y por si fuera poco, el control del mercado de Bebidas y alimentos procesados está en poder de 12 empresas entre las que destacan Coca-Cola, Pepsico, Nestlé, Danone, Bimbo, Kellogg’s, Grupo Herdez, la Costeña, Sigma y Grupo Bafer.
Pese a todas estas dificultades por las que atraviesa el campo mexicano Sagarpa, en su intento de reestructurar la reforma del campo, no ha vislumbrado que más allá de incrementar la producción de los alimentos se requiere una política que integre un sistema alimentario y nutricional; que está política garantice, como lo mandata el artículo 4º constitucional, el derecho al acceso a la población de suficientes alimentos nutritivos de calidad e inocuos, principalmente a la población más vulnerable.
Y todo lo anterior implica, la coordinación interinstitucional (Sedesol, Salud, Sagarpa, Conagua, CFE, Pemex, Hacienda), así como la participación de Instituciones como FAO, Academia y sociedad civil en la formulación y evaluación de esta nueva política donde mediante el esfuerzo se logre solucionar sí la pobreza y la improductividad en el campo, pero también la malnutrición que existe en el país.
Se requiere, como ha insistido El Barzón Nacional, de una empresa que además de participar en las fases del acopio, la comercialización y las ventas al menudeo dirigido principalmente a cosechas y producción de la canasta básica, asegurando al menos el 30 por ciento de almacenamiento y comercialización de estos productos, que también sirva como soporte para cubrir la demanda de alimentos que requieren las instituciones gubernamentales y población vulnerable.
Esta empresa, funcionará como un competidor en el mercado, logrando reducir los precios al consumidor y los costos de intermediación, fortalecerá el mercado nacional y llevará a la sustitución creciente de importaciones sobre la base de incrementar los rendimientos y elevar la competitividad en toda la superficie de cultivo y de producción alimentaria.
Se requiere del compromiso del Estado para conseguir metas de producción de alimentos, que tengan como base los criterios de generación de empleos, desarrollo y fortalecimiento del mercado de las regiones, el arraigo comunitario, estímulo a los pequeños productores y la reducción de la dependencia agroalimentaria.
Convertir el derecho al financiamiento en una realidad para millones de productores mediante la unificación de un sistema financiero, estos es, articular en una institución todos los fideicomisos, fondos, mandatos y programas de crédito, de los accesorios del crédito, del sistema de garantías, del capital de riesgo, de la capacitación y la educación financiera que tienen relación con la agricultura y el desarrollo rural.
Lograr una nueva política para garantizar que todos los productores tengan acceso a la semilla, el fertilizante, el combustible y los energéticos, esto implica no sólo la política de subsidios sino la responsabilidad del Estado en la producción, nuevos canales de distribución de las semillas y fertilizantes así como en la asociación para la compra consolidada de productos. Implica también la garantía de que la CFE continuará como empresa responsable de los subsidios, tarifas y usuarios de energía para uso agrícola, y que Pemex seguirá siendo la empresa responsable de garantizar el acceso al diesel para la producción de alimentos.
Es urgente garantizar el derecho al agua tanto para consumo humano como para la producción de alimentos mediante un programa integral de recarga de acuíferos, que implique el desarrollo de una amplia red de obras de captación de agua, modernización de canales e infraestructura hidroagrícola. En este sentido, es necesario establecer nuevas metas en la tecnificación de riego y en la modernización de los equipos electromecánicos para la eficiencia energética, así como la reorganización institucional para definir las nuevas responsabilidades de la Comisión Nacional del Agua y de Sagarpa en la administración y manejo del agua para uso agrícola, y en el establecimiento de verdaderas sanciones por la violación de las zonas de veda y la explotación ilegal del agua.
Y por último, frente a la incertidumbre generada sobre los derechos a la propiedad, se debe establecer criterios suficiente para someter a consulta y consentimiento de las comunidades y pobladores de los diversos territorios en que habrán de desarrollarse los proyectos de inversión en materia de hidrocarburos y minería, así como la participación de las comunidades en los beneficios de la explotación y en el establecimiento de las medidas de protección ambiental.
