¡La democracia en emergencia y la voluntad popular en llamas! Así es como se vislumbra el escenario político electoral del próximo año. Todo, por la instauración de un Tribunal Electoral a modo de los intereses de la partidocracia tradicional: PRI, PAN y PRD.
La desafortunada decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 27 de junio del año en curso, de validar la ampliación de los periodos de gestión para 4 de los 7 magistrados electorales, se puede valorar como un pago de facturas para el PRI gobierno y sus aliados, aunque los efectos de ello lo tenga que pagar el pueblo de México.
No se trata sólo de un beneficio personal para los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas o para Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, a quienes se les amplió su periodo de funciones de 3 a 7 años y de 6 a 8 años, respectivamente. Estos magistrados, junto con Janine Otálora, Felipe de la Mata y Mónica Soto, ejercerán sus cargos por los próximos 9 años y cobrarán más de 4 millones de pesos anuales, pero lo fundamental, es que fueron impulsados y elegidos por el PRI, PAN y PRD para un propósito común de ellos: calificar las elecciones presidenciales de 2018 y 2024. Nada más, y nada menos.
Es claro, como ha quedado evidenciado en los pasados comicios del 4 de junio, que pretenden obtener en los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Avalar hoy las “cuotas para los cuates”, es cobrar mañana los favores.
En 2015, 2016 y 2017, Morena ha pasado la prueba de fuego del veredicto de las urnas. En estos casi dos años, en todas las elecciones a las que nos hemos presentado a competir, y pese a los fraudes electorales, hemos obtenido más de 16 millones de votos. En contraste, el PRI o el PRD, por ejemplo, han perdido sufragios y el apoyo de la gente. Nosotros somos la única fuerza política en claro ascenso rumbo al próximo año.
Por lo mismo, hay una clara consigna política contra Morena. Al instaurar Tribunales Electorales a modo, del que debiera ser el máximo tribunal constitucional de nuestro país, actúa como una Corte de cortesanía política.
Vale la pena recordar que la Carta Magna mandata que se celebren elecciones libres y auténticas, cuestión que no se está cumpliendo, y la Corte, lejos de velar por el pleno cumplimiento de ese principio constitucional, abona para violentarlo, peor aún, impide tener instituciones incapaces de frenar con la máxima que en los últimos años se han encargado de instaurar Peña Nieto y sus aliados: sufragio en efectivo, es elección.
