- Las expresiones de estos centros educativos coinciden con la postura oficial del gobierno mexicano, que ha condenado las acciones unilaterales y solicitado que la comunidad internacional.
Varios centros de educación superior en México emitieron pronunciamientos públicos en los que rechazan la acción militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y subrayan la necesidad de apegarse al derecho internacional y a los mecanismos multilaterales. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su “profunda preocupación” ante el operativo estadounidense y reafirmó que los problemas de Venezuela debieron abordarse a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), privilegiando el diálogo y la diplomacia por encima del uso de la fuerza.
En su posicionamiento, la UNAM señaló que el derecho internacional debe restituirse como el único mecanismo para evitar que prevalezca la ley del más fuerte, y señaló que la coyuntura regional obliga a la comunidad internacional a deliberar sobre el rumbo de la diplomacia.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) refrendó su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y defendió la soberanía de ese país ante lo que calificó como acciones unilaterales contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. La UAM subrayó la importancia de privilegiar las vías diplomáticas, el diálogo y la mediación como instrumentos para la resolución de conflictos, en lugar de recurrir a intervenciones militares.
Otras instituciones, como la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO), también se sumaron a la postura de condena a la intervención armada, reafirmando la necesidad de respetar la soberanía estatal y los principios del derecho internacional, y haciendo un llamado a los organismos multilaterales para buscar soluciones pacíficas a la crisis generada tras el secuestro de Maduro.
Las expresiones de estos centros educativos coinciden con la postura oficial del gobierno mexicano, que ha condenado las acciones unilaterales y solicitado que la comunidad internacional, particularmente la ONU, actúe para facilitar el diálogo y garantizar la paz regional.
