Por: Carlos Bauer
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Los opositores a la racha de reformas impulsadas desde el Pacto por México sostienen que la reforma fiscal es ante todo una estrategia para pasarle a la ciudadanía el coste de tapar un enorme boquete en las finanzas públicas: el que dejará la transferencia de las ganancias petroleras de la nación a las compañías privadas a través de la total apertura a la inversión privada en Pemex que se busca con la reforma energética.
Las ideas planteadas en estas reformas no son nuevas, pues se encuentran en consonancia con las grandes transformaciones impulsadas desde el sector privado e instituciones multilaterales –Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– a partir de los años setenta del siglo pasado. Estas tendencias han desembocado en una profunda crisis que ha afectado principalmente a la Comunidad Europea, aunque también a Estados Unidos.
Los planteamientos privatizadores van a contracorriente con la tendencia generalizada en las naciones latinoamericanas, muchas de las cuales realizaron estas reformas durante las pasadas décadas y ahora dan marcha atrás por el enorme aumento de la desigualdad, el nulo crecimiento económico, la pérdida de soberanía y las catastróficas crisis que provocaron.
Pese al escenario poco prometedor de la estrategia privatizadora, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, durante su participación en la octava Cumbre Financiera Mexicana, afirmó que la estabilidad macroeconómica de que disfruta México no es suficiente para generar la inversión financiera y el crecimiento económico que nuestro país requiere, por lo que urge continuar las reformas estructurales comprometidas en el Pacto por México. En el evento, organizado por Latin Finance, compañía que se ostenta como la “fuente líder de inteligencia sobre los mercados en América Latina”, Videgaray recordó que la aprobación de la reforma hacendaria está programada para la segunda mitad del año y que la misma debe hacer énfasis en el combate a la informalidad.
El ex secretario de Finanzas del Estado de México dijo que “Si algo ha dañado la productividad en la economía mexicana es el hecho de que, según las estadísticas más recientes, más de la mitad de la fuerza de trabajo está en la informalidad”, pues el sector informal no invierte en tecnología ni capacitación, por lo que su productividad es de apenas un tercio de la presente en el sector formal. Por tanto, la reforma fiscal debe cambiar tanto la política de ingresos (es decir, el diseño de los impuestos) como la de egresos, es decir, crear una estructura de gasto público que desaliente la informalidad. Consideró que actualmente existen en nuestro país “las condiciones para generar los cambios necesarios para mejorar el desempeño de la economía” y defendió la política de reformas del gobierno federal sosteniendo que se inspiran en una visión de conjunto y a largo plazo.
