El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar señaló la necesidad de realizar una revisión profunda al sistema notarial en México, toda vez que se han detectado diversas prácticas irregulares que ponen en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos y la integridad de las instituciones.
“El notariado debe ser un pilar de confianza, no un punto débil del Estado de Derecho. Reconozco que muchos notarios han mostrado los más altos niveles de profesionalismo y honestidad en todo el país. Pero también es momento de fortalecer los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas de los fedatarios públicos”, enfatizó.
Cabe destacar que la materia notarial es de competencia local, por lo que cada entidad federativa cuenta con su propia Ley, donde se establecen los requisitos, atribuciones, responsabilidades y sanciones aplicables. Entre sus funciones destacan la redacción y formalización de escrituras públicas, la certificación de hechos y documentos, entre otros.
El diputado recordó que un reportaje periodístico reciente reveló que al menos 562 notarios públicos de distintas entidades han dado fe de la creación de más de 1,100 empresas fantasma o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), utilizadas para defraudar a la Hacienda pública.
Ramírez Cuéllar destacó que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha avanzado en el combate a la facturación falsa, un delito que merma los ingresos del erario y facilita actividades criminales.
“Es necesario cerrar aún más los huecos legales que permiten la existencia de factureras. El papel de los notarios es fundamental en nuestro sistema jurídico y debemos darles herramientas para que contribuyan con el Estado a combatir esa problemática”, apuntó.
Asimismo, señaló que se han identificado casos de cárteles inmobiliarios en los que notarios facilitaron fraudes de despojo, permitiendo la venta irregular de terrenos y viviendas mediante la falsificación de documentos y la simulación de operaciones.
En materia económica, el sistema notarial también ha sido señalado por representar barreras a la competencia y a la inversión. La autoridad de competencia ya ha advertido las restricciones excesivas en el acceso a la función notarial constituyen obstáculos estructurales para el libre mercado.
“La inseguridad jurídica desincentiva la inversión y frena la actividad económica, porque aumenta los riesgos para las empresas, los inversionistas y los ciudadanos”, subrayó.
El legislador insistió en que las autoridades deben coordinarse para garantizar una revisión estructural del sistema notarial, con base en tres ejes:
1. Transparencia y rendición de cuentas
2. Modernización tecnológica
3. Reforma normativa
El diputado finalizó señalando que México requiere un sistema notarial moderno, ético y profesional, que fortalezca la seguridad jurídica, estimule la inversión y acompañe la transformación institucional del país.
