La Reforma Electoral ha desatado un debate crucial sobre la implementación del voto electrónico en México. A pesar de que el tema ha avanzado en foros y pruebas, la discusión legislativa se ha topado con una marcada resistencia por parte de los principales partidos políticos, lo que pone en duda la posibilidad de modernizar el sistema de votación.
El largo camino del voto digital
La automatización del sufragio no es un tema nuevo. A lo largo de varias reformas electorales, se ha discutido la conveniencia de reemplazar la boleta de papel por urnas electrónicas. El tema ha pasado por un proceso de discusión abierta, con foros y consultas donde expertos y autoridades han evaluado los desafíos y posibilidades de la tecnología electoral.
La experiencia en México incluye pruebas piloto a nivel local, como las realizadas en Coahuila e Hidalgo, donde las urnas electrónicas fueron usadas en comicios recientes. Estos ejercicios mostraron, en general, el apoyo de la ciudadanía y la efectividad de las máquinas.
Posturas opuestas: El INE a favor, los partidos en contra
El factor principal que obstaculiza la adopción del voto electrónico es la postura de los partidos. A pesar de que las pruebas han sido positivas, la mayoría de las fuerzas políticas se han mostrado reticentes a su incorporación total en la ley electoral.
En contraste, autoridades y expertos electorales han emitido comentarios relevantes a favor de la automatización:
Carla Humphrey, consejera del INE, ha señalado que el uso de la tecnología debe ser un cambio gradual y progresivo y que la urna electrónica genera “altos niveles de participación” y abona “decisivamente a la confianza de los procesos electorales”.
Lorenzo Córdova Vianello, en su momento, subrayó que cualquier cambio en las reglas electorales debe ser producto del consenso y tener una amplia discusión abierta a la ciudadanía.
Sin embargo, en el marco de la reciente reforma, la oposición de los partidos ha sido clave para detener el avance de la propuesta en el Congreso. La resistencia partidista se ha reflejado en el intento de frenar la automatización, a pesar de que algunos análisis indican que el rechazo es mayor en aquellos que detentan el poder político.
La discusión actual evidencia una brecha entre la voluntad de modernizar el sistema y la cautela de las fuerzas políticas.
