Por: Zazil Carreras
Twitter: @Zazil3_0
La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) aprobó el viernes 12 de abril, por amplia mayoría, el Código de Ética de la Profesión Periodística, lo que constituye la primera autorregulación del periodismo en el país sudamericano.
Tras dos horas de debate, los asambleístas concluyeron en acuerdos, y con ello, en la aprobación de este mecanismo que es un paso histórico para la profesionalización de los periodistas y para la mejora de contenidos en los medios de comunicación.
Este código de ética es de observación obligatoria para todos los afiliados al sindicato e invita a los medios de comunicación, así como a otros gremios vinculados, a adoptarlo como una referencia para el desempeño del trabajo profesional.
Además del Código de Ética, se aprobó la creación de un Tribunal Arbitral que estará encargado de recibir denuncias y solucionarlas con la emisión de decisiones; además, podrá nombrar comisiones consultivas para analizar asuntos relativos a la aplicación del código.
Los estatutos del texto indican que los periodistas no deben difundir material falso, engañoso o deformado; en caso de que esto suceda por error, se debe rectificar la información con el mismo énfasis empleado para su difusión, pidiendo disculpas por el error.
Se especifica que las coberturas que se realicen deben diferenciar de manera clara la información verificada de la opinión; por lo que los periodistas deberán utilizar métodos honestos para obtener la información y deben evitar hacerse pasar por otra persona, grabar de manera clandestina llamadas telefónicas, utilizar cámaras o micrófonos ocultos o sobornar testigos.
Los comunicadores se comprometen a no difundir información que pueda perjudicar la integridad de las víctimas de hechos violentos o que pueda poner en riesgo el respeto a los derechos humanos consagrados tanto en los ordenamientos legales uruguayos, como en materia internacional.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Grupo Medios y Sociedad (GMS), formaron parte de este proyecto que es resultado de debates a nivel nacional, estudios comparados, una encuesta a nivel nacional, así como un amplio periodo de consulta pública sobre el escrito inicial del Código, para someterlo a discusión de la ciudadanía, y contó con el patrocinio de la UNESCO a través del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (IPCD).
