En el marco del inminente arranque de la Copa del Mundo y ante la creciente especulación inmobiliaria que azota a la capital, la organización vecinal “Cuba 11 en Resistencia” presentó de manera formal ante el Congreso de la Ciudad de México una propuesta de modificaciones a la iniciativa de reforma constitucional en materia de rentas justas, razonables y asequibles.
Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles 10 de junio de 2026, el colectivo de familias damnificadas señaló que, si bien celebran la iniciativa original enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 22 de abril, el proyecto actual cuenta con vacíos jurídicos e imprecisiones que deben corregirse para frenar de manera contundente el fenómeno de la gentrificación y garantizar el derecho al arraigo comunitario en zonas céntricas como el Centro Histórico.
Los activistas y personas desalojadas explicaron que, tras una exhaustiva revisión legal efectuada en compañía de su cuerpo jurídico, detectaron que el dictamen requiere de un blindaje sumamente útil y urgente. Argumentaron que la capital mexicana ya va tarde para contener el impacto gentrificador derivado del torneo internacional de fútbol, por lo que la nueva legislación debe sentar bases sólidas para dar paso a leyes secundarias verdaderamente efectivas y antiespeculativas.
Con base en el derecho ciudadano a presentar modificaciones a iniciativas legislativas, consagrado en la Constitución local y en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el documento de la organización plantea reformas en seis ejes fundamentales que el Poder Legislativo estará obligado a revisar antes de la votación del decreto en el próximo periodo de sesiones.
Exigen creación de un banco de suelo para vivienda social, pública y en cooperativa
En primer lugar, los vecinos exigen garantizar que se priorice la vivienda sobre el uso de suelo habitacional común, fomentando los esquemas de rentas fijas y evitando tajantemente que las propiedades se desvíen hacia el uso turístico o el arrendamiento temporal de plataformas digitales. Como segundo punto, demandan que la creación de un banco de suelo sea destinado de forma exclusiva a la vivienda social, pública y en cooperativa, bloqueando cualquier intervención o beneficio para las empresas del ramo inmobiliario.
Asimismo, la propuesta ciudadana contempla la activación inmediata de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, solicitando que este órgano sea plenamente autónomo y que integre un área especializada en la defensa de los derechos inquilinarios.
El cuarto eje vincula directamente el derecho al arraigo con la obligación gubernamental de fijar precios máximos de alquiler, seguido del reconocimiento legal de los diferentes tipos de arraigo vigentes, ya sea a nivel Ciudad, Alcaldía, o específicamente hacia la colonia y el barrio.
Lanzan campaña informativa sobre derechos de los inquilinos
Finalmente, el colectivo propone fijar un plazo perentorio máximo de seis meses al Congreso local para redactar y aprobar dos leyes secundarias: la Ley de Rentas Justas y la correspondiente a la Defensoría Inquilinaria.
Debido a los constantes abusos detectados contra los arrendatarios en el contexto del Mundial, la organización anunció el lanzamiento de una campaña informativa masiva con infografías sobre derechos inquilinarios a través de su cuenta oficial de Instagram, bajo el perfil “Cuba11.enresistencia”, invitando a la población civil a difundir el material para evitar abusos y extorsiones.
Respecto a la situación particular de su inmueble, los representantes recordaron que la jefa de Gobierno se comprometió públicamente el pasado 21 de abril a dar una solución definitiva a su demanda durante los primeros días del próximo mes de julio.
Manifestaron que mantienen su voto de confianza en las autoridades capitalinas tras haberse firmado un convenio, por lo que continúan trabajando de la mano con el Instituto de Vivienda (INVI) para consolidar el proceso de expropiación del predio ubicado en República de Cuba número 11, mientras las instancias judiciales siguen las investigaciones por fraude procesal en contra de quienes perpetraron el despojo.
